Por Gonzalo Solano
QUITO/AP
El gobierno ecuatoriano adoptó una serie de sanciones contra sospechosos de haber participado y propiciado el alzamiento en el que el presidente Rafael Correa permaneció secuestrado varias horas y dejó siete muertos y 200 heridos.
El ministro de Interior Gustavo Jalkh informó el lunes que entre las acciones que se tomaron como resultado del sublevamiento están que «a toda la unidad de motociclistas se les retiró la dotación de armas… los hombres del regimiento Quito han sido redistribuidos en varias unidades como medida preventiva; a varios oficiales se les ha cambiado de responsabilidades, ya no comandan grupos».
También «se ha establecido expedientes administrativos por mala conducta en tribunales de disciplina», añadió.
El fiscal general, Washington Pesántez, aseveró que los policías alzados «serán sancionados conforme al código penal común, ese es un delito, no policial, es un delito común… vamos a investigar la conspiración, quizá urdida desde fuera de los cuarteles policiales y que pretendieron utilizar a miembros de la institución policial».
El secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, manifestó que «a quienes les mintieron diciéndoles que los habíamos perjudicado, esos policías no van a ser encausados penalmente».
La ley de Servicio Público, cuyo contenido causó el alzamiento debido a que los policías temían que perjudicara sus condiciones laborales, entró en vigencia el lunes después de que se venció el plazo para que la Asamblea considerara un veto que le había impuesto el presidente.
El jueves, policías del principal cuartel de la ciudad, el Regimiento Quito, agredieron al mandatario cuando acudió a intentar apaciguar una protesta por una ley que los uniformados temían les redujera los beneficios laborales.
Tras sufrir la agresión, que incluyó la explosión de una bomba de gas lacrimógeno cerca de su cabeza, Correa fue evacuado a un hospital policial cercano, en donde permaneció confinado durante unas nueve horas hasta que militares tomaron por asalto la instalación y en medio de un profuso tiroteo contra policías, lo liberaron.
Desde el día de la insurrección se decretó un estado de excepción, que según Jalkh todavía analizan si lo dejan en vigencia o no.
El canciller Ricardo Patiño informó sobre la suspensión de una gira que debía iniciar esta semana por países de Medio Oriente «debido a los hechos ocurridos el 30 de septiembre».
El ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, dijo al canal estatal GamaTV que «los procesos de investigación están desarrollándose dentro de la policía, así como la investigación realizada y las posibles sanciones penales, que lleva adelante la fiscalía».
Precisó que las personas que participaron «en acciones violentas, que agreden al presidente, a los ministros, en muchos casos están identificadas», pero no dio nombres.
Correa y varios de sus ministros señalaron al ex presidente y actual opositor del gobierno Lucio Gutiérrez (2003-2005) de propiciar el alzamiento, aunque había viajado a Brasil días antes de la sublevación.
El hermano del ex mandatario y dirigente del partido Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, rechazó el señalamiento y dijo que Correa «por decisión propia … (fue) hacia la turba enardecida, no fue a darles soluciones a los policías, fue a provocarles, a desafiarles y ahí se generó la confusión y acciones injustificables de la policía … el responsable se llama Rafael Correa».
