LA HABANA/ AFP
- Las Damas de Blanco, esposas de presos políticos cubanos, señalaron ayer que se advierten señales de excarcelación de más prisioneros políticos, además de los 52 cuya liberación ya fue dispuesta.
Por su parte, el presidente de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez, informó que su organización tiene evidencias de salida de otros presos políticos, de las varias docenas que restan en prisión.
Tras un diálogo iniciado entre el presidente Raúl Castro y el cardenal Jaime Ortega, el 19 mayo pasado, el Gobierno decidió la excarcelación de 52 presos que restaban en prisión, de un grupo de 75 disidentes condenados en 2003, de los cuales 36 ya han sido liberados.
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El Gobierno de Cuba comienza hoy con un proceso de seis meses para despedir a medio millón de trabajadores que sobran en el Estado, lo cual augura dificultades en el pasaje de los cesantes a un incipiente sector privado.
Al tratar de calmar las inquietudes, el diario oficial Granma admitió que “es cierto que podríamos encontrar núcleos familiares afectados en el transcurso de la aplicación de esta medida, pero al lado de ellos estará la Revolución humanista, evaluando y proponiendo soluciones…”.
Aun así, Clara, una ingeniera de 39 años, y su esposo Pedro, de 42, están inquietos ante la anunciada fusión de tres de las empresas del Ministerio de Transporte donde trabajan. “Ella es la que gana más y si la dejan fuera tendríamos que vivir con sólo mi salario hasta que ella encuentre algo…”, expresó Pedro.
El Gobierno estima que con la eliminación de poco más de un millón de plazas —500,000 de ellas entre octubre y marzo de 2011—, de las 4.2 millones existentes en empresas e instituciones estatales, imprimirá mayor productividad y eficiencia a la economía, y con lo que ahorre prevé aumentar salarios.
Según el plan del presidente Raúl Castro, unos 465,000 de los cesantes deberán ser absorbidos por el sector no estatal, por lo que se otorgarán licencias para pequeños negocios en 178 oficios y cooperativas urbanas de producción de bienes y unos 40 servicios, que deberán pagar varios impuestos. A fin de promover la mediana empresa, no sólo la pequeña, el Gobierno también autorizó la contratación libre de fuerza de trabajo que también estará gravada.
Las medidas fueron recibidas por muchos cubanos como opción de empleo y de mejorar su nivel de vida, pues el Estado paga 20 dólares de salario al mes, pero otros se muestran pesimistas por el peso que implicará el pago de tributos y la falta de acceso al crédito, aún a estudio del Banco Central. “No se habla de otra cosa en la calle, la gente está preocupada”, expresó María, una recién jubilada que escuchó comentarios en la bodega donde compra la canasta básica.
Intentando calmar inquietudes, miles de asambleas se celebraron esta semana en la isla: los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) explicaron en los barrios la necesidad de la medida y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC, única) lo hizo en los centros laborales.
En los centros laborales se aprobaron los Comité de Expertos, un grupo de empleados que sugerirá los “idóneos” para las plazas en el Estado y quiénes deben quedar “disponibles”.
“El tema medular radica en el cómo se apliquen esas transformaciones: si se hacen desde posiciones tecnocráticas, sin lograr un consenso real que tenga en cuenta, en todo lo posible, los intereses legítimos de los diversos sectores sociales, pueden ser letales para el proyecto socialista”, opinó el académico José Vidal.
El trabajador que quede “disponible”, quien podrá apelar si ve violaciones en el proceso, recibirá propuestas en plazas vacantes en otras empresas estatales, pero sobre todo en la agricultura y la construcción.
Los cesantes recibirán un mes de salario como compensación y aquellos que no logren insertarse en el sector no estatal el 60 por ciento, según su antigüedad, con un tope hasta de cinco meses los que tengan más de 30 años de trabajo.
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