Todos los gobiernos de las Américas (del Norte, el Centro y el Sur), respaldaron al Presidente de Ecuador, Rafael Correa, en el mismo momento que enfrentaba un motín de policías en protesta contra una ley que les quita beneficios gremiales considerados por ellos como derechos adquiridos.
Por supuesto que no sólo los presidentes afines ideológicamente a Correa (como Hugo Chávez, Raúl Castro, Evo Morales y Daniel Ortega) se solidarizaron enérgicamente con el mandatario ecuatoriano, ante el peligroso predicamento en que se encontraba el jueves de esta semana, sino también gobernantes auténticamente democráticos, como los de Colombia, Chile, Costa Rica y Estados Unidos, entre otros.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió de urgencia para respaldar al presidente Correa, quien se encontraba prácticamente secuestrado por los policías sublevados, en un hospital policial de Quito, la capital del Ecuador, pues, como dijera el socialista secretario general del organismo hemisférico, José Miguel Insulza, un golpe de Estado hay que prevenirlo “cuando todavía no se ha producido”, aludiendo al clamor de Rafael Correa de que estaba siendo víctima de un supuesto golpe de Estado.
Pero no es necesario conocer la doctrina de Lenin, Trotzky o Curzio Malaparte sobre la estrategia y la técnica del golpe de Estado, para saber que lo que estaba ocurriendo en Ecuador el jueves pasado no era realmente un golpe de Estado, sino una insubordinación policial, en la que hubo una injustificable agresión física contra el ciudadano Presidente. Una condenable situación que sin embargo fue provocada por el mismo Correa, quien fue a enfrentarse con los policías insubordinados en su cuartel principal, pero no para ofrecerles una solución a sus demandas sino para retarlos a que se atrevieran a aplicar una fuerza mayor.
Además, con ese motín policial Correa estaba cosechando lo que ha venido sembrando desde que tomó el poder, a principios de 2007, al gobernar de manera autoritaria y agresiva, disponiendo medidas perjudiciales contra distintos sectores de la población sin pedirles siquiera su opinión, predicando el odio contra sus opositores, descalificando a los inconformes, insultando a los críticos, atacando el derecho a la libertad de expresión, usando un lenguaje impropio de un estadista, intolerante y violento. Al parecer Correa no puede controlar su agresividad, pues apenas lo rescató el Ejército se fue al palacio presidencial a pronunciar un virulento discurso contra la oposición política, la cual no tenía nada que ver con el motín policial, en vez de reconocer honestamente sus errores y ofrecer una solución a quienes se insubordinaron en defensa de sus derechos, no para sacarlo del poder.
Ahora bien, examinando los acontecimientos del jueves recién pasado en el Ecuador a la luz -o a la sombra— de su propia historia, hay razón para temer al fantasma del golpe de Estado en que podría derivar cualquier situación violenta como la insubordinación policial de esta semana. Basta recordar que sólo en el breve período reciente de 1997 a 2005, tres presidentes democráticamente elegidos (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez), fueron derrocados mediante golpes de Estado que en términos generales fueron consentidos por la población ecuatoriana.
En Ecuador y cualquier país de América Latina, incluyendo a Nicaragua, los cambios de gobierno sólo deben ser aceptables por medio de elecciones, que son el principal fundamento institucional de la democracia. Pero no de farsas y fraudes electorales, sino de elecciones libres y limpias, organizadas y escrutadas por personas honestas e independientes, y garantizadas donde sea necesario por una observación electoral nacional y extranjera confiable para la oposición.
Impedir la realización de elecciones libres y limpias, nombrar o mantener funcionarios electorales fraudulentos, hacer fraude en las elecciones, imponer mediante procedimientos espurios candidaturas a la reelección presidencial expresamente prohibidas por la Constitución, eso también es un golpe de Estado contra las instituciones democráticas.
La gran pregunta es: ¿por qué ante este tipo de golpe de Estado (que es peor todavía porque no va dirigido contra una persona en particular, sino contra todo un pueblo al que se le escamotean sus libertades y su derecho de elegir libremente), no se pronuncia la OEA y ni siquiera los gobiernos latinoamericanos que son auténticamente democráticos? ¿Es que sólo los gobernantes tienen derecho de ser defendidos de los golpes de Estado? ¿Por qué no se protege a los pueblos de golpes de Estado como el que poco a poco pero implacablemente está perpetrando Daniel Ortega en Nicaragua?
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A
