Desde el 19 de noviembre del 2003 Nicaragua cuenta con la Ley 476, de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Para países como Nicaragua esta legislación representaría un esperanzador escudo legal que frenaría una nociva costumbre en la administración pública nacional, las características “barridas” de empleados que acompañan cada cambio de gobierno.
Pero los 18,500 trabajadores del Estado que han sido despedidos desde la llegada a la Presidencia de Daniel Ortega, según datos de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, demuestran que la ley no pudo soportar al autoritarismo y clientelismo político que caracterizan a la administración orteguista.
Pese a las denuncias y evidencias de que la Ley 476 es solamente una fantasía, ésta sigue siendo oxigenada financieramente sin que se conozcan detalles de cómo estos fondos supuestamente asignados a su cumplimiento son ejecutados.
Datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el rubro de ejecución y préstamos de donaciones externas registran que para el periodo de 2009-2010 el Banco Mundial (BM) prestó 7 millones 627 mil córdobas para la implementación de la Ley de Carrera de Servicio Civil. De estos supuestamente 6.9 millones ya habrían sido ejecutados.
El cumplimiento de la Ley 476 pasa por la denominada Oficina de Función Pública, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Todos los intentos por buscar una entrevista con algún funcionario de Función Pública fueron rebotados hacia el departamento de Relaciones Públicas de la Tesorería del Estado. Sin embargo, cuando consultamos con la vocera, de nombre Luz Marina, ésta dijo solamente que tomaría nuestra consulta y nos avisaría cualquier respuesta a nuestras gestiones. Dicho aviso nunca llegó.
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“En el marco del Proyecto de Asistencia Técnica al Sector Público (PSTAC), el Banco Mundial apoyó el fortalecimiento del marco legal para el Servicio Civil, en especial la Ley 476, Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que había sido aprobada antes del inicio del PSTAC. En el contexto del PSTAC, el subcomponente de apoyo a la reforma y modernización del Servicio Civil fue ejecutado a través de la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, cita el correo enviado por la oficina de prensa del Banco Mundial.
La comunicación también detalla los resultados de estas iniciativas respaldadas por el Banco Mundial: “Al cierre del proyecto sus principales resultados fueron el fortalecimiento del marco legal para el Servicio Civil, creación de las instituciones prevista en la ley, fortalecimiento de las instancias de recursos humanos, la clasificación de puestos, proceso de acreditación de funcionarios públicos, proceso de desarrollo de una herramienta informática para la gestión de recursos humanos denominada Sistema de Información del Servicio Civil (SISEC) y un sistema de evaluación del desempeño”, cita el correo electrónico.
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Por su parte, Álvaro Leiva Sánchez, secretario general de Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, señala que la verdadera “función” de Función Pública es acomodar y organizar en los inventarios del Estado a partidarios o militantes del partido de Gobierno sin seguir para nada los procedimientos establecidos por la Ley 476.
DESPIDEN, PERO PLANILLA ENGORDA
Pese a los más de 18 mil despidos, la planilla del Estado se incrementó en 7,500 trabajadores entre junio del 2007 y noviembre del 2009, de acuerdo a datos del Banco Central de Nicaragua.
La mayor parte de esta planilla estatal se ha acrecentado en las áreas de servicios administrativos y generales, dejando a un lado los rubros científicos, técnicos, salud y docencia.
Los informes del Banco Central revelan que de 39 mil 140 trabajadores que conformaban la planilla central del Gobierno en 2006, ésta se incrementó a 46,647 empleados en 2009.
Este dato excluye a los 36 mil 717 docentes que no estaban registrados en las cuentas gubernamentales antes del 2007.
“Se ha visto cómo el Gobierno mantiene una política de secretismo en las instituciones del Estado y de esto no se escapa Función Pública, que se ha manejado como una empresa privada del gobierno sandinista. No dan información, no dan informaciones de acreditaciones, de salarios, de contrataciones ni cómo está el organigrama institucional del Estado en cada una de las instituciones donde el Poder Ejecutivo tenga competencia”, agrega Leiva.
LA PRENSA consultó con la oficina de prensa del Banco Mundial, el cual confirmó su respaldo al programa de implementación de la Ley 476, en el marco del Proyecto de Asistencia Técnica al Sector Público (PSTAC), el cual finalizó el 31 de diciembre del 2009. (Ver recuadro).
HAY QUE PEDIR CUENTAS
El diputado del PLC, Carlos Noguera, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales de la Asamblea Nacional, criticó la falta de información sobre cómo se ejecutan los recursos asignados a la Oficina de Función Pública.
“Es una buena pregunta, porque acá siempre estamos con las dudas de cómo se ejecutan los recursos y cuando invitamos al ministro de Hacienda éste siempre se muestra indispuesto a venir. Hay que hacer una investigación y ahí es muy importante la información que el Banco Mundial pueda tener sobre cómo se están usando esos recursos que nos están prestando. Ellos están obligados a dar a esa información. Yo por lo menos sí te prometo que voy a pedir esa información, porque es una buena pregunta, francamente”, consideró el parlamentario.
“Organismos como el Banco Mundial, el BID y las agencias de cooperación internacionales siempre han mostrado interés en esta ley (de Servicio Civil), porque ellos aportan para la inversión del capital humano. Gente que ha sido entrenada en la administración pública y que es removida por criterios partidarios debido a los cambios presidenciales”, dijo Noguera.
FUNCIÓN PÚBLICA NO “FUNCIONA”
En julio pasado, en ocasión de su 20 aniversario, el Centro de Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) emitió un informe en el cual abordó el grado de cumplimiento de la Ley 476 y la eficacia de Función Pública, datos que fueron retomados en un reportaje especial de LA PRENSA publicado el 13 de septiembre pasado.
El Cenidh menciona en su informe que una de las denuncias recurrentes que tuvo en el 2009 fue el hecho de que muchos empleados públicos eran despedidos de forma arbitraria o renunciaban por el ambiente de partidización en las instituciones del Estado y simplemente sus derechos adquiridos no les eran reconocidos.
Al recurrir al Ministerio del Trabajo (Mitrab), esa institución se declaró incompetente, ya que los casos de los empleados públicos deben ser conocidos por Función Pública, de conformidad con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, pero al acudir éstos a esta oficina en busca de ayuda para obtener el pago de sus prestaciones, Función Pública se declaraba incompetente para ordenar el pago de las prestaciones sociales, pues alega ser una instancia fiscalizadora de la ley y únicamente vela por el control de legalidad de las resoluciones de las otras instancias administrativas.
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