El viernes pasado por la noche, todos los canales extranjeros de la televisión por cable fueron sacados del aire, causando la justificada molestia de los suscriptores de ese servicio básico de entretenimiento familiar. Al menos durante un par de horas, en un momento de la mayor sintonía, sólo se podía mirar las estaciones locales de TV, las cuales fueron encadenadas para transmitir un discurso de Daniel Ortega.
La empresa que vende el servicio de televisión por cable no dio ninguna explicación a sus clientes, a pesar de que está obligada a hacerlo por ética empresarial y por mandato de la ley que protege los derechos de los consumidores y usuarios. La televisión por cable no es gratuita, la gente paga por un servicio que no es barato, la empresa proveedora cobra implacablemente por él y lo corta sin contemplaciones a quienes por cualquier motivo se atrasan en el pago de las facturas. De manera que a lo menos que está obligada la empresa proveedora, es a brindar un buen servicio y dar explicaciones a sus clientes.
De todos modos, no quedó ninguna duda de que la suspensión de los canales de televisión extranjera, a primeras horas de la noche del viernes pasado, fue una arbitrariedad gubernamental con el propósito de obligar a todos los televidentes a ver a Daniel Ortega en las pantallas domésticas y oír su discurso por medio de las estaciones nacionales de televisión.
Pero Daniel Ortega no tiene autoridad legal ni moral para obligar a nadie a verlo y oír sus discursos por televisión. Si alguien prefiere ver un juego de beisbol o un viejo programa de los Polivoces, en vez de oír los discursos de Daniel Ortega, ese es su derecho. Ni siquiera la amenaza de una tormenta justifica que se obligue a los nicaragüenses a escuchar los pesados discursos del titular del Ejecutivo. Esto es un abuso característico de los dictadores latinoamericanos.
Al respecto cabe mencionar que precisamente ayer lunes, el diario español ABC, de Madrid, publicó un artículo de su jefe de redacción, Alberto Sotillo, que entre otras cosas interesantes dice lo siguiente:
“Hay caudillos iberoamericanos que buscan el poder para endilgar sus inagotables peroratas a una ciudadanía indefensa. Charlatanes incontinentes que, en condiciones de normalidad democrática, serían acreedores a una camisa de fuerza —por insoportables—, se aferran al poder para gozar así de licencia para castigar a sus compatriotas con sus atorrantes disquisiciones. Hugo Chávez es uno de ellos (y Daniel Ortega es otro, agregamos nosotros). Amordaza a la oposición para que nadie interrumpa su inagotable caudal de majaderías. Aprovecha el poder en su mano para autoinvestirse astro de la radio y estrella de la tele. Y en su infinito monólogo acaba convenciéndose a sí mismo de la genialidad de su discurso, de su liderazgo providencial y de que nada hace más feliz a su pueblo que sufrir sus ocurrencias. Es un mecanismo de autosugestión: una fantasía verbalizada durante horas ante una audiencia indefensa acaba pareciendo una realidad incontrovertible. Castro y Chávez (y Ortega, volvemos a agregar) son dos perfectos ejemplos del atorrante caudillo iberoamericano, a quienes sus exuberantes sermones les sirven como psicotrópicos que les aíslan de la ingrata realidad”, expresa, certero y contundente, el redactor jefe del ABC de Madrid.
En realidad, el control de los medios de comunicación, ya sea de manera absoluta como en Cuba, o de la mayoría como en Venezuela, o de vez en cuando como por ahora ocurre en Nicaragua, es uno de los rasgos esenciales del totalitarismo. Todos los regímenes de vocación totalitaria controlan los medios de comunicación en mayor o menor grado, los ponen totalmente a su servicio o los regulan para que de manera obligatoria, ya sea legalmente o de hecho, abrumen a la gente con la difusión y repetición del insoportable discurso del líder y la embrutecedora propaganda oficialista.
Tanto los denominados “principios leninistas” de la información como las normativas gobelianas nazifascistas de la propaganda, establecen que los medios de comunicación deben ser controlados total o parcialmente, de manera permanente o temporal, para legitimar al líder, el caudillo o el comandante.
Pero la verdad es que si Ortega puede, por medio de la ley o de la fuerza, imponer cadenas de radio y televisión, sacar del aire a las estaciones extranjeras y hablar todo el tiempo que quiera, sin embargo, no puede obligar a nadie a verlo ni escucharlo. La voluntad personal es más poderosa que la imposición de cualquier dictador. Basta con apagar el radio o el televisor. Contra este pequeño pero significativo gesto de voluntad, decisión y desprecio al dictador, no hay cadena radial o televisiva ni poder estatal que valga.
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