NACIONES UNIDAS/EL SALVADOR/EFE
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, expresó ayer su preocupación por el aumento del crimen organizado, y en especial los cárteles de la droga en la región, que suponen un freno al desarrollo.
Chinchilla, la primera mujer costarricense en alcanzar la presidencia de su país, señaló el narcotráfico como “un serio desafío” para la región y subrayó: “Si no podemos poner fin a su agresión, nuestros avances en desarrollo serán nada”. “Si no paramos su embestida, de poco valdrán los avances en desarrollo”, manifestó.
La mandataria de Costa Rica, que asistió a la cumbre de revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que concluyó ayer en la sede de la ONU en Nueva York, urgió también a los países desarrollados, en especial a aquellos en los que hay consumidores de drogas, a que colaboren eficazmente “con los Estados que padecemos un problema que no hemos creado”.
La presidenta de Costa Rica admitió el pasado 15 de septiembre, en un discurso de celebración del 189 aniversario de Independencia de España, que el país enfrenta una situación “dramática” por la penetración silenciosa del narcotráfico y el crimen organizado.
“Estamos ante un flagelo internacional sin precedentes, de una criminalidad sin límites”, expresó. “Soplan en nuestro suelo los mismos vientos que se despliegan con furia en otros países de Centroamérica y más allá”, lamentó Chinchilla.
De acuerdo con autoridades policiales costarricenses, cárteles de la droga de Colombia y México han convertido a Costa Rica en una zona de almacenamiento, en vez de la ruta de paso que fue durante años, en el trayecto hacia el mercado de Estados Unidos.
LUCHA CONTRA MARAS
Por su parte, el ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, manifestó ayer que la cooperación entre Centroamérica, México y Estados Unidos evitará el contagio de delitos, después de que Guatemala y Honduras se declararan en alerta ante la entrada en vigor de una ley antipandillas en el país.
“Los países de Centroamérica estamos en la obligación de coordinarnos. Nosotros hemos dicho que hay un tipo de delito: el narcotráfico, la trata de personas, el robo de vehículos y necesariamente para poder ser efectivos en su combate hay que tener una buena coordinación”, afirmó Melgar en una rueda de prensa.
Destacó que existe “una buena coordinación entre las instituciones de seguridad” de los países centroamericanos, de México y de Estados Unidos.
Sobre la posibilidad de que Guatemala, El Salvador y Honduras, que integran el Triángulo Norte de Centroamérica, impulsen la creación de una ley conjunta antipandillas, como planteó el presidente guatemalteco Álvaro Colom, el funcionario consideró una “decisión apropiada” el analizar esa opción. “No es malo ir pensando en homologar cierta legislación y esta (la ley antipandillas) podría ser una”, sostuvo el funcionario.
El pasado 19 de septiembre entró en vigor la Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, conocida como “antimaras”, que proscribe a este tipo de grupos y penaliza a sus miembros. Sin embargo, no comenzó a regir el aumento de penas, dado que el Ejecutivo no ha sancionado la reforma al artículo 345 del Código Penal.
Melgar precisó que la ley es aplicable “en una cantidad de asuntos” e indicó que una persona acusada de asociación ilegal “puede incluso perder sus bienes”.
Ante la aplicación de esta ley, las autoridades guatemaltecas anunciaron que “afinarán” los mecanismos de control y se mantendrán “alerta” ante un posible despliegue de pandilleros hacia ese país, aunque admitieron que de momento “no hay indicios” de que pueda ocurrir.
Mientras en Honduras se dispuso que el Ejército, la Policía y otras instituciones vigilen los pasos fronterizos y zonas de alta influencia de esos grupos, para detectar la presencia de pandilleros salvadoreños.
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