La elaboración y aprobación de un programa común de la unidad nacional opositora, o de una amplia alianza electoral democrática, no es algo fácil ni sencillo por la diversidad de ideologías y diferentes fines programáticos de los partidos y movimientos que podrían o deberían formar parte de la coalición pluralista. Pero tampoco es una cosa tan extraordinariamente compleja y difícil, como para erigirse en obstáculo insalvable.
Al respecto en un sector de la oposición se critica a quienes primero quieren escoger al candidato presidencial, lo cual supuestamente sólo refleja ambiciones personales y particulares. Se dice que lo primordial es un programa de gobierno que recoja las aspiraciones fundamentales de la población, ante todo de los sectores más pobres y marginados. Y se señala que la secuencia lógica debe ser, primero, ofrecer a la población un programa de interés nacional; segundo, cambiar las autoridades electorales para que pueda haber elecciones libres y transparentes y por lo tanto tener la certeza de que se va a participar en los próximos comicios nacionales—; y, tercero, buscar los candidatos apropiados para garantizar el cumplimiento del programa democrático de gobierno.
Pero la verdad es que no hay ninguna ley ni regla política que establezca un orden mecánico y riguroso de objetivos y tareas para situaciones como la de Nicaragua. En este caso se puede decir que el orden de los factores no altera el producto. Es factible comenzar por la elaboración del programa democrático común, o por la nominación de los candidatos, o por conseguir los cambios estructurales en el Poder Electoral, que son indispensables para que las elecciones sean libres, limpias y competitivas. También se puede emprender el cumplimiento simultáneo de esas tres tareas fundamentales, poniendo el énfasis en cualquiera de ellas o en la que se considere más posible alcanzar de primero. En fin, éste es un problema de táctica y estrategia que los dirigentes políticos de la oposición deberían poder resolver fácilmente, puesto que ellos son los expertos en la materia y tal es precisamente su vocación y su profesión.
En todo caso, lo más importante es que la oposición se unifique y prepare para derrotar a la incipiente dictadura orteguista, ya sea en una lid electoral o por cualquier otro medio democrático que sea necesario y factible; y además, que haya en la oposición voluntad y capacidad para cumplir el programa común, es decir, para realizar los cambios que son indispensables para restablecer las instituciones democráticas, rehabilitar el sistema de división y equilibrio de poderes, reconstruir el Estado de Derecho y abrir el camino a las transformaciones que permitan impulsar el crecimiento económico, el desarrollo social y la prosperidad nacional.
Por su propia naturaleza, todo partido o movimiento político debe tener un programa de lucha para alcanzar el poder y ejecutarlo desde el gobierno. Y como es bien sabido los programas de los partidos y alianzas políticas se dividen en un programa máximo o estratégico —para todo el tiempo o largos períodos— y un programa mínimo que condensa los objetivos más inmediatos que se pretende conseguir. El programa mínimo se caracteriza por su sentido concreto y directo, por su viabilidad para el corto plazo, mientras que el programa máximo está cargado de ideología, de principios y valores acerca del modelo de sociedad que el partido o movimiento idealiza para el futuro.
Es muy fácil entender, que si los representantes de los partidos y movimientos convocados a formar una amplia alianza política y a construir la unidad nacional opositora que es lo que se necesita para poder derrotar al orteguismo—, quisieran elaborar el programa común en base de los programas estratégicos de cada uno, fracasarían inevitablemente en el intento.
Según enseña la experiencia, el programa común sólo se puede articular tomando como base los programas mínimos, que en general son compartidos independientemente de las ideologías y los paradigmas de cada partido y movimiento sobre el futuro de Nicaragua. Esos objetivos compartidos son, por ejemplo, no reelección ni más autoritarismo en el poder, restablecer la institucionalidad democrática, reconstruir el Estado de Derecho, recuperar la vigencia del principio de independencia y separación de poderes, depurar la administración de justicia de la politización y el partidismo, garantía de elecciones libres y limpias, orientar los recursos públicos a la solución estructural de los problemas sociales y no al enriquecimiento de una camarilla gobernante, y transparencia gubernamental. Y después que cada partido pueda competir libremente por su propio programa y sus principios.
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