La Asamblea Nacional podría acusar ante el Ministerio Público al director general de Cedulación, Sergio Rayo, por negarse a comparecer ayer ante la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos para aclarar algunos aspectos sobre el proceso de cedulación.
Esta comisión realiza consultas para emitir un dictamen sobre una iniciativa de reforma a la Ley de Identificación Ciudadana, que pretende garantizar la gratuidad del proceso de sustitución de las cédulas antiguas por las de nuevo formato.
El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, quien preside la comisión, explicó que Rayo se negó a asistir, aduciendo que la cita debió hacerse a través del presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes.
El artículo 52 de la ley orgánica de la Asamblea Nacional establece que “la renuencia a responder” a las comparecencias, “será sancionada como desacato a la autoridad, debiendo ponerse la denuncia correspondiente al Ministerio Público”.
La Comisión solicitó que Rayo sea citado nuevamente el próximo miércoles. “Él no puede ser ignorante de la ley. Lo estamos citando como director de Cedulación y no como representante del Consejo Supremo Electoral. Si no es así, va a tener que ir a los tribunales competentes”, advirtió Rodríguez.
El diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Carlos Langrand, quien también integra la comisión, señaló que la desobediencia de Rayo es una obstrucción al proceso de formación de ley.
“Nuevamente tenemos a un funcionario de un poder del Estado que se niega a atender la solicitud de una comisión parlamentaria. Nosotros no estamos en un tribunal, lo citamos únicamente para enriquecer el proceso de esta ley”, explicó Langrand.
Otro miembro de la Comisión de Gobernación, Eduardo Montealegre, considera importante que Rayo asista para aclarar por qué el CSE pretende recaudar 150 millones de córdobas por el proceso de cambio de cédula, cuando el Gobierno de España, a través de un crédito con Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD), regaló 200 millones de córdobas para cubrir esos gastos.
El diputado del FSLN, Filiberto Rodríguez, también de la Comisión, dijo que su bancada no apoyará esta reforma porque no resolverá nada. Expresó que el CSE tiene derecho a cobrar los 300 córdobas porque invirtió más de un millón de euros en las máquinas para fabricarlas.
Dijo que no se obliga a nadie a pagar y sólo lo hacen quienes “quieren una cédula de mejor calidad y de forma rápida”.
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