Fotos de La Prensa/ Guillermo Flores
Para quienes la defensa de los derechos de los trabajadores valieron carceleadas, despidos, huelgas, amenazas de muerte y vieron a sus compañeros salir de celdas para nunca más volver, en tiempos de la dictadura somocista, la actual situación del sindicalismo en el país es una lucha desvirtuada, donde los derechos de los trabajadores no priman sino los deseos de un nuevo patrón, el patrón Estado ante quien no hay apelación.Donald Castillo, presidente de la Red de Asociaciones de Adultos Mayores de Nicaragua y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionados Independientes de Nicaragua (AJUPIN), acude a la que considera su última batalla, mejorar las condiciones de las personas mayores de 60 años.
Maestro de profesión, ha sido sindicalista y participado en organizaciones de trabajadores desde muy joven, cuando lustraba zapatos por la mañana, vendía cajetas por las tardes y en la noche estudiaba en la escuela nocturna, fue miembro fundador de la Juventud Obrera Católica en 1957, que dio paso al Movimiento Sindical Autónomo (Mosan) que posteriormente se convirtió en la Central de Trabajadores de Nicaragua, cuyo lema es “Sólo el pueblo salva al pueblo”.
Una de las mayores luchas sindicales estuvo referida al seguro social de todos los trabajadores, ante una posibilidad de reforma al Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS). ¿Cómo vislumbra el futuro de los actuales trabajadores?
Negro, el futuro de los jóvenes es negro, porque se pretende redoblar los años y las cotizaciones en un país cuya perspectiva de vida es de 68 años, entonces se tendrá que trabajar 30 años para poder alcanzar las un mil 500 cotizaciones. ¿Quién las va a alcanzar?
Tenemos a mucha gente sin derecho a pensión porque no alcanzó las 750 cuotas que quedaron establecidas en el INSS desde el principio, personas que no tienen derecho ni a una pensión mínima aunque tienen hasta 400 cotizaciones. Éste es un país donde no hay estabilidad laboral. Entonces, si ya ha sido complicado que una persona permanezca empleada durante quince años, ¿cómo se garantiza que te van a dejar 30 años en un puesto?
“A mí me da pesar porque no se reivindican los derechos de los trabajadores, mis compañeros sindicalistas están dedicando sus esfuerzos a defender los derechos del patrón Estado o patrón Gobierno, antes nos enfrentábamos a las patronales privadas, pero ahora es el patrón Estado quien designa a la patronal privada y a los defensores de los derechos de los trabajadores qué se hará y cómo se hará. Si no veamos lo del salario mínimo, los sindicalistas firmaron pero no era el acuerdo que querían, porque no es satisfactorio”, afirmó.
Y aunque el anuncio de incremento del salario mínimo alegró a los jubilados porque tendrían algo más para sus exiguas pensiones, siempre el ahorro se hace con la masa de la lora, pues si bien les incluyeron el 6 por ciento de incremento, les dejaron de incluir en las pensiones el deslizamiento de la moneda que es del 5 por ciento.
“Veámoslo en el cheque de mi pensión, que es de 2 mil 420 córdobas y mi deslizamiento era de 232 córdobas. Ahora con el incremento tengo sólo 32 córdobas de deslizamiento, lo único que hicieron es que del deslizamiento sacaron el incremento y así se ha quedado. ¿Quién nos defiende? Es un derecho ganado y legalmente institucionalizado. ¿Quién nos defiende del patrón Estado?”
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Esta reforma que se anuncia es cruel porque se está pensando en reducción de costos, no en la seguridad social de las personas trabajadoras y sus dependientes, porque van dirigidas a afectar directamente las pensiones de viudez y orfandad de las que se goza sólo cuando el trabajador ha alcanzado el número de cuotas, pero si la persona se jubila a los 65 años y no alcanza las cuotas al momento de morir, su viuda no podrá gozar de la pensión de viudez por la que su marido trabajó. Y en el caso de pensiones de orfandad yo quisiera saber qué hombre de 65 años tiene hijos menores de 15 años. ¡Uno en un millón! Por tanto desaparecerá ese derecho también para los hijos de los trabajadores.
Esta propuesta no es de ayer, ni siquiera es idea del gobierno, es una propuesta del Fondo Monetario Internacional y ahora la quieren aplicar.
¡Funciona el modelo del INSS en un país como el nuestro donde los jóvenes migran, hay poca absorción laboral, es realmente funcional el modelo?
No, no funciona y te voy a decir por qué no funciona. No funciona porque tiene malos funcionarios. Eso es todo.
No son funcionarios con capacidad administrativa para el seguro social. Por otro lado, el problema es de fondo, no de forma, porque no cotizan todos los que son, ni son todos los que están.
Es así que la nueva Ley del Seguro Social (539) aprobada el 12 de mayo del 2005 obligaba a que se afiliaran al seguro los trabajadores de las embajadas nacionales y extranjeras, las misiones internacionales, las municipalidades, todos los trabajadores del país, pero aquí no se ve una campaña masiva de afiliación. ¿Por qué? Porque cuando Bolaños y Ortega estancaron las reformas constitucionales con la llamada Ley Marco, allí agarró también Bolaños la ley 539 que, para cerrar con broche de oro, la Corte Suprema de Justicia declaró —junto con todo el paquete que aglutinaba la Ley Marco— inconstitucional. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ninguna.
El Estado es uno de los principales deudores del INSS. ¿Usted cree que habrá un momento en que el Estado se ponga al día con la deuda?
La ley 529 pretendía reducir la deuda, por ejemplo, de las municipalidades porque decía que el Ministerio de Hacienda debía deducir el INSS patronal y laboral de la partida que se le entrega a las alcaldías y enterarlo al INSS porque las alcaldías deben millones y millones que deben recuperarse.
Por otro lado, hay que preguntar al Seguro Social qué ha hecho con los préstamos para las construcción de viviendas. ¿Dónde están las ganancias que han quedado de esos préstamos? ¿Dónde han ido a parar? El mismo FMI ha dicho que hay despilfarro administrativo y vemos al Ministro de Hacienda con la cara larga diciendo que no hay plata.
También la ley 529 decía que el Estado anualmente debía pagar 377 millones de córdobas al seguro social por la deuda eterna que se tiene con él porque siempre ha sido caja chica de los gobiernos, entonces con esa cuota allí tienen la plata y los intereses millonarios que hicieron. No digo que no sea correcta la construcción porque hay un gran déficit, pero no que salga del sudor de los cotizantes del seguro social. Y si sale, debe haber ganancias millonarias y no debe amenazarse a las futuras generaciones y cotizantes jóvenes para seguir manteniendo esa inmensa caja chica que al paso que la llevan podría extinguirse, y no porque no haya de dónde sacar el dinero, sino porque no quieren afectarse los gobiernos.
Ustedes están trabajando con los jubilados y pensionados en la actualidad, ¿cuál es la situación real de las personas de la tercera edad en Nicaragua?
El dato que tenemos es que somos alrededor de 700 mil personas mayores de 60 años, es decir a los que se llama adultos mayores y el INSS sólo cubre el 10 por ciento de ese total con algún tipo de pensión, ya sea por jubilación o por viudez. Al 90 por ciento, que no lo cubre el seguro social hasta ahora, no tiene nada de nada y la esperanza es que las cosas cambien con la Ley del Adulto Mayor que entrará en vigencia el 14 de septiembre próximo.
Como Junta Directiva hemos trabajando creando seccionales en alrededor del 60 por ciento de municipios del país, sobre todo en la zona centro, occidente, sur y oriente del país y nos hemos encontrado que en el campo en algunas comunidades están habitando sólo ancianos y niños, porque los jóvenes, en la gran mayoría del campo y familias pobres nicaragüenses, los que están fuertes para llevar el sustento, se han ido de Nicaragua. Es por eso que te encontrás a viejos y niños porque los hijos y nietos han tenido que migrar para mandar dinero a sus hijos y padres.
¿Reciben algún tipo de atención médica especializada?
Ése es otro asunto. La mayoría de estas personas no tienen cobertura total de salud, sólo ven a un médico cuando hay campañas que van a las comunidades y brigadas médicas cristianas, entonces así se atienden. Hasta entonces ven a un médico y una pastilla, de otra forma no pueden. Los centros de salud les quedan muy largo o no hay, como ocurre en las comunidades de la Costa Atlántica donde encontramos en las comunidades a un responsable de salud que no es médico ni enfermero, sino un comunitario. Allí se curan con raíces porque no existe una política de atención especializada para los ancianos, no somos las personas de la tercera edad la prioridad.
Lo más lindo es que si aún uno se siente fuerte para trabajar, te discriminan por la edad. Aquí si tenés más de 30 años, ya no podés optar a un empleo porque te ponen límites de edad y eso redunda en la calidad de vida actual y de futuro. Una persona que se queda desempleada a los 40 años no puede encontrar un empleo y si es así deja de cotizar. Es decir, no tendrá derecho a pensión en su vejez y dependerá, que es lo que está pasando con las personas de la tercera edad, de sus hijos y familiares. Y si no tienen, vemos a ancianos viviendo en condiciones infrahumanas, solos, sin un bocado que llevarse a la boca.
¿Usted cree que con la Ley del Adulto Mayor cambie el panorama para las personas mayores de 60 años en el país?
Tengo la confianza que así será. La ley no es perfecta, no logró todo lo que se quería como una pensión para las personas que no pueden trabajar y son mayores de 60 años, pero será un marco de referencia y me siento contento. Es uno de los mayores logros de mi vida. Ahora los adultos mayores tenemos un instrumento legal que nos servirá para nuestros reclamos y reivindicaciones, para que cuando usted llegue a los 60 años pueda tener una base para hacer reforma, pero habrá una base.
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