Las facturas por cobrar que las autoridades le encontraban a la red, que operaba distribuyendo fármacos adulterados, revelan los dividendos que les dejaba el negocio ilícito.
El caso que la Policía inicialmente investigó a través de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE), con apoyo del Distrito Seis de la Policía de Managua, fue asumido ayer por la oficina de Delitos Especiales de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). “Estamos comenzando la investigación aquí”, aseguró la jefa de la DAJ, comisionada mayor Glenda Zavala.
La jefa policial dijo que asumieron la investigación porque consideraron “que era un caso relevante, un caso complejo”.
Los allanamientos realizados por las autoridades les permitió conocer que una persona poseedora de dos empresas de papel tiene varios miles de córdobas por cobrar, por los productos farmacéuticos adulterados que había dejado al fiado en hospitales, tanto públicos como de clínicas privadas que prestan servicio como empresas previsionales.
Si ya es para inducción de anestesias generales, el acto es criminal, porque pueden ocasionarle la muerte a cualquier persona que use medicamento adulterado, para ese tipo de procedimientos (…) debe ser perseguido como a cualquier acto criminal, sostuvo.
Callejas piensa que ningún anestesiólogo se va a atrever a utilizarlo, sabiendo que es un medicamento adulterado.
Señaló que debe investigarse a los responsables directos en este caso, ya sea por los casos de omisión, porque el Ministerio de Salud tiene responsabilidad de eliminar todos los desechos que utilizan los que están haciendo el negocio al adulterar fármacos y venderlos, y si el que lo compra sabe lo que está comprando, también hay que investigarlo.
El gran problema de las previsionales es que acostumbran comprar medicamentos robados al Minsa, a menor precio, entonces le llevan a vender eso falsificado con un papelito que dice que es propiedad del Ministerio de Salud, pues se les hace fácil decir: esto se lo robaron y lo compro. Pero es adulterado, dijo Callejas.
[/doap_box]
En un maletín ocupado a una de las personas investigadas, la Fiscalía contabilizó unas 600 facturas en las que había sumas por cobrar que van desde 45 mil córdobas hasta 70 mil y 80 mil córdobas, explicó la fiscal Leyla Prado, responsable de la Unidad Especializada de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial.
“No se me lleven las facturas, porque ¿cómo voy a cobrar después?”. Habría sido la preocupación mostrada por la persona a la que le ocuparon el maletín.
La investigación, realizada hasta ahora por las autoridades, deja entrever la falta de control existente en algunos hospitales en el manejo de los deshechos hospitalarios. Igual en cuanto a la obtención de medicamentos de dudosa procedencia.
Según las facturas, desde 2008 se ha estado distribuyendo la marca de anestésico adulterado, cuyo lugar, donde son rellenados los envases, es objeto de investigación por la Policía.
Dos de las facturas extendidas aparecen a nombre de M.M. y R.P. Es de destacar que el número de teléfono que aparece en las mismas está fuera de servicio.
Prado explicó que la persona dueña de una empresa de papel (que afirmó a las autoridades que cursó hasta tercer año de secundaria), sorprendentemente tiene dos. Esta persona sacó como garantía de lo que vende, un registro de la Dirección General de Ingresos (DGI), que establece venta de “medicamentos en general y ropa”. Prado señaló que estos distribuidores le venden “a hospitales importantes de Nicaragua (…) allí vamos todos a esos hospitales”.
“Ellos me compran, yo les vendo cualquier cosa”, habría respondido la investigada.
La investigación inició tras la denuncia presentada ante la Fiscalía, por el representante de una marca norteamericana, a causa de la falsificación de un anestésico.
La fiscal Prado explicó que desde un inicio encontraron que, por ejemplo, en la casa donde despachan el producto adulterado, la madre de la persona que se encontraba en el sitio, trabaja como enfermera en el Hospital La Mascota y su marido en el Hospital Militar. Las autoridades señalan que aparentemente en estos locales es donde sustraen estos envases vacíos, no obstante, esto lo determinarán una vez concluyan las pesquisas policiales.
OCUPAN EVIDENCIA
En la casa donde despachan los fármacos adulterados, como si se tratara de una farmacia, la Policía ocupó como evidencia un frasco del anestésico original, lleno con sustancia aún desconocida, hasta que no estén los resultados del peritaje. El envase presentaba la seguridad violentada, así como otros dos frascos vacíos.
Además, se sabe que en las investigaciones la Policía conoció que en la red hay más gente involucrada en esta actividad ilícita, muchos de ellos trabajando en centros de salud y el mismo Ministerio de Salud (Minsa).
El miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, diputado Luis Callejas, indicó que “todo hospital debe tener una forma apropiada de eliminar tanto sus desechos biológicos como sus desechos médicos, agujas, jeringas vacías, frascos vacíos (…) porque tiene cierto grado de toxicidad, para ello se ha recomendado la incineración”, sostuvo el diputado Callejas.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A ,1 A
