Por Wilder Pérez R.
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Nicaragua tiene argumentos sólidos para oponerse al proyecto de minería a cielo abierto de Las Crucitas, impulsado por el Gobierno de Costa Rica, que amenaza la cuenca del río San Juan. O al menos los tenía hasta el 11 de mayo de este año, cuando el presidente Daniel Ortega Saavedra reinauguró la mina La Libertad, ubicada en su pueblo natal.
Ortega apoya abiertamente la mina La Libertad, pero su Gobierno se opone alegadamente a Las Crucitas.
No obstante, aparentemente no hay un proyecto bueno y otro malo. Ambos tienen más similitudes que diferencias.
Están ubicados muy cerca de ríos que son fundamentales para las zonas pobladas vecinas. Los dos pretenden producir cantidades similares de oro cada año y cada uno basa su explotación minera a cielo abierto.
La explotación a cielo abierto es la misma en términos generales para cualquier empresa minera, según algunos especialistas, así como algunas investigaciones del Centro Humboldt, dedicado a temas ambientales, y de la Universidad de Costa Rica.
No importa dónde estén ubicadas, las minas a cielo abierto precisan eliminar toda la cobertura forestal para instalarse, convirtiendo los bosques en cráteres más impactantes que algunas lagunas de Nicaragua.
Eso implica liberar gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Además, provocan contaminación al suelo por derivados de hidrocarburos, así como al aire y los ríos por metales pesados, como plomo y mercurio.
Una de las sustancias más temidas, sin embargo, es el cianuro. En teoría se manipula con altas medidas de seguridad, pero en temas ambientales es más importante prevenir que reaccionar.
