El ministro del Transporte e Infraestructura (MTI), Pablo Fernando Martínez, intentó ayer sofocar la protesta que desde hace más de un mes mantienen ex trabajadores frente a los portones de las instalaciones de la institución que dirige, al enviar una tarjeta de débito para que Freddy Velásquez, quien ayer cumplió 30 días de huelga de hambre, cobre su salario y abandone su protesta.
El emisario de la tarjeta no especificó el monto que fue depositado a favor de Velásquez, pues éste último aseguró que rechazó la tarjeta, pero aparentemente corresponde al pago de tres meses de salario.
Velásquez fue despedido en mayo sin haber sido liquidado.
Hasta ayer, Martínez no había respondido a una solicitud de reunión efectuada a través del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, indicó que pese a su insistencia ante el despacho de Martínez, no ha habido respuesta.
El secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, Álvaro Leiva Sánchez, recordó que la lucha no es sólo de Freddy Velásquez ni de Germán Sánchez Herrera, quienes están en huelga de hambre, sino de los trabajadores que han sido despedidos por instituciones del Estado, en particular de otros 18 sindicalistas despedidos en el MTI . Y aseguró que la huelga puede ser retomada por otros despedidos “en una protesta indefinida”.
Velásquez dijo en horas de la mañana de ayer: “No estamos pidiendo nada que no esté dentro de nuestros derechos laborales, derechos constitucionales y derechos humanos”.
ALEGAN PAGO
Las autoridades de ese Ministerio hicieron llegar a LA PRENSA copias de la nómina de esa institución que demuestra que entre el año 2008 hasta mayo del 2010 le pagaron el salario a Velásquez. El emisario que entregó los documentos dijo a su vez que el ministro Pablo Martínez estaba anuente a brindar declaraciones a LA PRENSA para explicar el caso.
Pese a que en dos ocasiones LA PRENSA llamó al número telefónico celular facilitado, éste no respondió. En una oportunidad una persona que contestó la llamada dijo que el propietario del teléfono estaba en una reunión.
Entre los documentos enviados por las autoridades del MTI están una cédula de notificación del Ministerio del Trabajo, firmada el 9 de septiembre del 2008, a través de la cual la Inspectoría del Trabajo de Managua resuelve “ha lugar a la cancelación de contrato de trabajo y al desafuero sindical de los señores José Boanerges Cruz Berríos, Freddy Antonio Velásquez Luna y Byron Tercero Ramos, en su calidad de trabajadores”.
Sin embargo, Velásquez sostuvo ayer que cuentan con las resoluciones a su favor “donde se le manda decir (a Martínez) que se nos reintegre a Freddy Velásquez, a Byron Tercero, a Boanerges Cruz Berríos, Nelson Martínez (…) a todos los trabajadores que ya tienen resoluciones judiciales de reintegro, simplemente es eso, no estamos pidiendo nada más”.
- A eso de las 6:30 p.m. de ayer, Freddy Velásquez fue remitido de emergencia por tercera ocasión al Hospital Antonio Lenín Fonseca. En esta ocasión fue debido a que presentó dolor estomacal.
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La misma institución se encargó de enviar también copia del oficio remitido por la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua, firmado por su secretaria María Mercedes Martínez, y dirigido al director de Recursos Humanos del MTI, Gustavo Guzmán Guillén, en el que tramita el recurso de amparo interpuesto por Velásquez.
“Ha lugar a la suspensión de oficio de los efectos administrativos aún no consumados y derivados del acto reclamado, por lo que el recurrente deberá continuar ligado por relación laboral con la institución referida y con derecho a permanecer en su puesto de trabajo y recibir su salario y prestaciones de ley”, dice en parte el oficio.
Velásquez confirmó que en 2008 fue suspendido de labores, pero según éste fue en mayo del 2010 que se materializó su despido cuando las autoridades del MTI suspendieron el pago del salario.
“Al romperse ese vínculo, nosotros tenemos que protestar por ley”, dijo Velásquez.
El pasado jueves, el ministro Martínez fue abordado sobre el tema después que asistió a una actividad de la Policía Nacional, efectuada en el edificio Plaza El Sol.
“Ése es un problema judicial, eso está en la Corte Suprema (…), yo soy obediente a las resoluciones de la Corte y son de obligatorio cumplimiento; si él lleva una resolución de la Corte que se reintegra, yo lo reintegro”, sostuvo Martínez.
Ayer Velásquez con voz pausada, claramente afectado por el ayuno prolongado, recordó que la resolución le fue entregada a Martínez el 10 de septiembre del 2008.
HABLA USURPADOR DE CARGO DE MAGISTRADO
Rafael Solís, uno de los firmantes de esa resolución cuando era magistrado y quien actualmente usurpa funciones de magistrado, informó que si el ministro Martínez continúa negándose a reintegrar trabajadores despedidos y que han sido favorecidos con sentencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se expone a ser procesado penalmente por la Fiscalía.
“Algunos casos (recursos de amparos presentados por los despedidos) los hemos fallado a favor (de los trabajadores) y el ministro se niega al reintegro, entonces vamos a ver qué hacemos con el ministro. El ministro tiene que reintegrarlos, las sentencias de la Corte son de ineludible cumplimiento”, dijo Solís, quien agregó que enviarán un informe al presidente Daniel Ortega y otro a la Fiscalía.
Solís también anunció que para el día de hoy, en los grupos de trabajo que hay en la Corte para resolver causas constitucionales se abordarán otros 17 amparos de los trabajadores despedidos del MTI.
ACCIÓN URGENTE
El director del Cenidh, Bayardo Izabá, manifestó que en virtud de la situación grave que enfrenta Velásquez, pondrán en conocimiento al Observatorio para los Defensores de Derechos Humanos, integrado por la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura, para que se active toda la red que lo integra y exijan al presidente Daniel Ortega y al ministro Martínez que cumplan las resoluciones judiciales.
Al no cumplir resoluciones “está mandándole un pésimo mensaje al país”, dijo Izabá, quien señaló que la protesta que mantienen Velásquez y Sánchez “sólo nos recuerda la situación grave que vivió hace unos meses un señor de apellido Zapata en Cuba”, recordó el defensor de derechos humanos.
SOLICITAN INTERPELACIÓN
Ayer Leiva Sánchez junto a Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), expusieron el problema ante los diputados de la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional, Carlos Noguera y Alejandro Bolaños. Posteriormente los parlamentarios visitaron a Velásquez y a Sánchez en el sitio de la protesta.
Los diputados prometieron que pedirán un informe a los titulares de las instituciones mencionadas de violentar los derechos de los trabajadores, así como considerar la solicitud de interpelar al Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, por omisión de perseguir los delitos en que han incurrido Martínez, la ministra del Trabajo Jeanette Chávez y el Director General de Ingresos, Walter Porras.
(Colaboración de Eduardo Cruz)
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,6 A
