El Comité Pro Elecciones Directas (Coped) comenzó ayer a cabildear entre los diputados de las diferentes bancadas, en busca de apoyo para echar a andar su propuesta de reformas parciales a la Ley Electoral, que permita a ciudadanos que no militan en partidos políticos ser candidatos a diputados, alcaldes y concejales, a través de la suscripción popular.
Según Jorge Granera, coordinador del Coped, el objetivo es proporcionar independencia para que, una vez electos los funcionarios, respondan a los intereses de los votantes y no de un partido o del caudillo que les garantizó el cargo al incluirlos en una lista o designarlos.
El jefe de bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Ramiro Silva, recibió con entusiasmo la propuesta porque surgió de la población y beneficiaría a los electores.
Pero considera que en este momento es “peligrosa” porque, al abrir a reformas la Ley Electoral, que es de rango constitucional, se corre el riesgo que se cuelen aspiraciones no muy sanas, como la reelección; o que se use para promover una Constituyente, que legitimaría la actuación de los actuales magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Silva aconsejó introducir la iniciativa de ley con miras a las elecciones del 2012 o del 2016. Comprometió su voto para aprobarla, pero sabe que no será fácil reunir los otros 55 votos, ya que no muchos de sus colegas querrán arriesgarse a ser electos bajo esta modalidad.
También sugirió que al discutir la reforma se aproveche para crear un Instituto Nacional de Cedulación, independiente del CSE.
El diputado aliado del gobernante Frentes Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Agustín Jarquín, también la considera viable jurídicamente y no ve peligro de que la reelección se “cuele”, porque considera que eso ya fue decidido por los dos partidos mayoritarios. Pero reconoce que la agenda parlamentaria está muy cargada para discutir y aprobar ese tema este año.
En cuanto a la sugerencia de aprovechar la discusión para crear un Instituto de Cedulación, Jarquín dijo que en consultas realizadas por la Comisión de Población no han encontrado consenso sobre el tema.
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