CORRESPONSAL/MATAGALPA
- Entre policías activos, que además son abogados, hay opiniones encontradas y algunos de ellos, consultados por LA PRENSA, sugirieron anonimato para evitar contradicciones con sus mandos superiores.
Sin embargo, dice que podría hacerlo “en los momentos libres”, refiriéndose a fines de semana “o cuando no estoy de turno”.
Otro policía, aún pendiente de ser autorizado como notario por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aseguró que es preferible pedir la baja en la Policía para ejercer la abogacía porque, en un territorio donde prevalecen los conflictos de propiedad, “aún en casos civiles, ejercer como abogado puede prestarse a conflictos de intereses”.
Abraham de Jesús Martínez es un ex capitán de la Policía. Fue jefe de varias delegaciones municipales de esa institución en el departamento de Matagalpa hasta que, tras 26 años de servicio, pidió su baja una vez que se graduó como profesional del Derecho, hace cuatro años.
“Las condiciones físicas ya no son las mismas (para seguir como policía) por la edad, además, fuera de la institución policial (la abogacía) te presenta otras opciones, una de ellas es estar más cerca de la familia”, justifica Martínez.
Tener garantizado un salario como policía y ganar dinero extra como abogado, para el ex capitán no fue llamativo “porque esas cosas traen problemas: o actuás como policía o como abogado, una de dos”.
Mientras tanto, el conjuez liberal Félix Ocampo considera que “por prudencia” los uniformados que quieran ejercer como abogados “deberían renunciar a la Policía”.
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El crimen organizado podría penetrar a la Policía Nacional a través de los uniformados activos que ejercen otras profesiones, especialmente la abogacía, advirtió el jefe departamental de la Policía en Matagalpa, comisionado mayor Ramón Calderón.
“Si el crimen organizado sabe que un policía es abogado, se puede arrimar y puede pagar lo que quiera con el fin de legalizar vehículos o propiedades”, dijo Calderón, aclarando que en la unidad departamental de la Policía en Matagalpa “no hemos tenido señales de este tipo”.
El jefe policial, quien además es abogado, opina que los uniformados deberían decidirse por una de las carreras.
“O es policía profesional para comportarse y brindar un mejor servicio o se convierte en profesional del Derecho para ir a ejercer su función de abogado y de notario público. Le quedan dos caminos”, expresó Calderón, quien reconoce que a 12 años de haber egresado de la carrera de Derecho sólo ha autorizado “regalado” (no ha cobrado) algunos permisos (poderes) para salir del país a un familiar.
De acuerdo con el reglamento al Código de Ética de la Policía, los agentes deben abstenerse de “todo ejercicio profesional del Derecho en la materia penal, salvo en los casos de defensa de compañeros que incurren en faltas o delitos en ocasión del servicio o en cumplimiento de su deber. Se exceptúa de la disposición y previa autorización del mando inmediato superior litigar en materia penal cuando los supuestos autores son familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad”.
También deben abstenerse del “ejercicio notarial, la elaboración de cualquier tipo de documentos notariales cuando los mismos se refieran a actividades que se encuentren reguladas por las Normas de la Policía Nacional”.
La semana pasada la directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, anunció que confirmaría la propuesta de baja deshonrosa al teniente Harold Arturo Rivera, quien ejerciendo colateralmente el notariado habría autorizado ilegalmente algunos documentos relacionados con un prestamista que lo denunció.
CAMPANADA DE ALERTA
El jefe de la Policía en Matagalpa, comisionado mayor Ramón Calderón, estima que el caso de Rivera “debe ser una campanada” porque en la institución “tenemos que trabajar bastante y evitar que un compañero policía estudiante de Derecho, o ya en vías de incorporarse ante la Corte (Suprema de Justicia), hay que dejarle claro que si es policía, en primer lugar está la camiseta de la Policía y en segundo lugar cualquier otra cosa”.
Calderón ha orientado a sus subordinados en el departamento de Matagalpa “que ningún funcionario (policial) abogado o estudiante de Derecho, puede ejercer labores notariales, asesoramiento o acompañamiento jurídico para mediar (en ningún asunto)”.
“Si un profesional del Derecho está dentro de la Policía y se siente agraviado desde ese punto de vista y cree que va a hacer las dos funciones, debe decidirse por una de ellas”, insistió el jefe policial.
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