Expertos en tributación, juristas independientes y diputados, aseguran que es un abuso de autoridad del Consejo Supremo Electoral cobrar por las nuevas cédulas de identificación que ha comenzado a extender, gratuitamente para sus allegados y pagadas para los nicaragüenses comunes y corrientes. Sostienen los expertos, apoyados en razones legales e invocando ante todo la Ley de Identificación Ciudadana y la Constitución, que los ciudadanos no deben pagar por las nuevas cédulas, que su emisión es una obligación del Estado y su entrega tiene que ser gratuita para todos los ciudadanos con derecho a ellas .
En realidad, la identidad es intrínseca del ser humano, algo esencialmente característico de la persona. La identidad es el “conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracterizan frente a los demás”, según dice el Diccionario de la Lengua Española; a lo cual se puede agregar que jurídicamente la identidad es la esencia específica de la condición humana en la relación del individuo con la sociedad y el Estado. De manera que una persona posee su identidad por el sólo hecho de existir, sin embargo, en las relaciones sociales y jurídicas —o sea en todas las obligaciones externas que le competen—, su identidad personal tiene que ser reconocida y acreditada por el Estado, que lo hace por medio del documento o cédula de identificación. Pero esto es tan sólo un trámite administrativo, puesto que la identidad de la persona no depende del Estado, y mucho menos del funcionario estatal que emite el documento de identificación, sino de la condición humana del individuo.
Por eso es que la falta de reconocimiento estatal de la identidad de las personas, constituye una violación grave de los derechos humanos, lo cual, sin embargo, es común en Nicaragua. Así lo ha puesto en evidencia el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cuya representante en Nicaragua reveló hace tres años que más de un millón de niños y adolescentes no estaban legalmente identificados, porque sus nacimientos no habían sido inscritos en el Registro Civil de las personas. “El dejar a los niños y niñas fuera del Registro Civil puede sentenciarlos a una vida de exclusión e invisibilidad, colocando una barrera entre ellos y ellas y el acceso a la salud, a la educación y a sus demás derechos, lo que incrementa su vulnerabilidad ante el abuso y la explotación”, expresó en aquella ocasión Debora Comini, quien era la representante de Unicef en Nicaragua. Ciertamente, estando fuera del registro civil, esos niños, al llegar a la mayoría de edad no podrán obtener cédula de identidad y por lo tanto no existirán como personas jurídicas, no podrán casarse, no tendrán derechos de ciudadanos, no podrán firmar contratos ni hacer transacciones bancarias, etc.
En Nicaragua, la ausencia de un Estado de Derecho real y la falta de funcionarios responsables y confiables a cargo del Registro Civil de las personas y del departamento encargado de la cedulación, determina que el derecho humano a la identidad de muchos nicaragüenses sea violado no sólo por irresponsabilidad e ineficiencia administrativa , sino también por motivos políticos e inclusive por mezquinas venganzas de carácter personal.
En ocasión de las elecciones realizadas bajo el régimen autoritario de Daniel Ortega, han proliferado las denuncias de tráfico político con las cédulas de identidad. Se le niegan las cédulas a muchas personas que son conocidas como opositoras, mientras se distribuyen preferencialmente a los simpatizantes del partido gubernamental, y hasta se les otorgan dos documentos de identidad a efecto del fraude electoral. El colmo es que, tal como se ha denunciado públicamente, se han entregado cédulas a extranjeros vinculados o sospechosos de vinculación con el crimen organizado internacional, pero a un periodista honorable como el jefe de redacción de LA PRENSA, Eduardo Enríquez, no se le quiere reponer la cédula que le fue robada, en represalia porque ha criticado los abusos y arbitrariedades del presidente de facto del Consejo Supremo Electoral, bajo cuya responsabilidad está el departamento de cedulación.
A todas esas arbitrariedades se ha venido a sumar ahora la disposición de cobrar por las nuevas cédulas de identidad, mediante una tarifa de bajo precio para trámite retardado y otra costosa para los que quieran un procedimiento rápido. Esto constituye un abuso gubernamental, tal como lo han demostrado expertos tributarios y jurídicos, de manera que los ciudadanos perjudicados tienen derecho de rechazar el cobro por las cédulas y deben exigir que les sean entregadas de manera gratuita, como manda la ley.
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