El Gobierno de Nicaragua espera conseguir del Fondo Monetario Internacional (FMI) la extensión por un año más del actual programa de Servicio de Crédito Ampliado (SCA), para obtener así una ampliación de los recursos económicos que le aporta ese organismo.
Antenor Rosales Bolaños, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) y jefe negociador del Gobierno, confirmó ayer la búsqueda de más dinero. Pero dijo que hasta hoy, cuando inicien las negociaciones con la misión del Fondo Monetario, harán pública la propuesta de cuánto dinero ambiciona obtener el Gobierno, si en efecto logra que le extiendan el programa.
La misión técnica del FMI habría llegado anoche a Managua. La encabeza el jefe negociador Gastón Gelós y van a realizar la cuarta y quinta revisión del programa macroeconómico con el Gobierno de Nicaragua, después de tres meses de haber suspendido esa evaluación.
Rosales, en declaraciones a medios oficialistas, se mostró optimista de conseguir que el país pase sin mayores problemas la última etapa del programa, y afirmó que se han cumplido todos los compromisos para garantizar y mantener la estabilidad de la economía interna.
“Lo que vamos a recibir en el 2011 estará ligado directamente al acuerdo que lleguemos con el Fondo, en relación con extender el programa o firmar uno nuevo”, dijo Rosales.
- El bono solidario es dinero aparte, es dinero privado, es como si estuviéramos diciendo que también se incluyeran en el presupuesto los fondos de las empresas que hacen Responsabilidad Social Empresarial, eso nada tiene que ver, dijo Gustavo Porras, del sindicato oficialista FNT.
El programa trianual entre Nicaragua y el FMI compromete a este organismo a dar 118.5 millones de dólares al país. Desembolsó a Nicaragua 18.6 millones de dólares en 2007, 28.9 millones en 2008, 35 millones en 2009 y tiene previsto desembolsar 36 millones en 2010, según cifras del Gobierno.
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También dijo que en la mesa “van a estar en juego” aspectos vinculados al Presupuesto de la República del año 2011, y su déficit por el gasto de las elecciones presidenciales de noviembre de ese año.
El Gobierno de Nicaragua tendrá que plantear al FMI de cuánto será la reforma presupuestaria en el 2010, que está preparando el Poder Ejecutivo para enviarla al Poder Legislativo, que incluiría 10 millones de dólares ofrecidos por Rusia en apoyo presupuestario y los recursos por sobre-recaudación de impuestos obtenidos este año.
RENDICIÓN DE CUENTAS
Rosales explicó que las conversaciones con el FMI iniciarán evaluando cuál es el resultado del control sobre la inflación, el crecimiento de las exportaciones, las reservas internacionales, la estabilidad de los bancos y la recaudación de impuestos con la reforma tributaria que se aplica desde enero.
“Hay que decirlo de forma clara, nosotros con el Fondo Monetario nunca hemos tenido problemas con el cumplimiento de las obligaciones que Nicaragua adquiere de las distintas Cartas de Intenciones que se ha comprometido”, aseguró Rosales.
Igualmente dijo que están listos con la agenda complementaria, al haberse aprobado en la Asamblea Nacional la Ley Orgánica del Banco Central, la reforma a la Ley de Uso Responsable de Energía Eléctrica y poner en vigencia las normativas sobre la Ley de Tarjetas de Crédito y la Ley de Moratoria, por la Superintendencia de Bancos.
“De forma que esperamos que estas negociaciones se conduzcan en un sendero de fluidez, de trámites normales y podamos tener una respuesta aproximadamente en octubre, de parte del Directorio del Fondo Monetario”, dijo Rosales.
De la respuesta final, de si el país pasa o no los exámenes del organismo, depende el desembolso de 76 millones de dólares, 36 millones del FMI y 40 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que están atados al programa.
Rosales reconoció que el país necesita alcanzar un acuerdo con el FMI y obtener estos recursos, por cuanto están condicionados para ser utilizados en proyectos de inversión pública que servirán para lograr estimular más el crecimiento de la economía.
EL PROBLEMA
No obstante, los temas difíciles en la mesa de discusión serán los relacionados con la demanda del organismo internacional de hacer transparentes, a través del presupuesto de la República, los fondos provenientes de la cooperación venezolana para pagar el bono-regalo que el gobierno de Daniel Ortega da cada mes a los empleados públicos, por un monto superior a 500 córdobas.
El FMI ha pedido presupuestar los 500 millones de córdobas, que suma la entrega de ese bono a más de 130 mil empleados públicos, incluida Policía y el Ejército, a lo
cual se opone el Gobierno.
El FMI suspendió a principios de mayo la cuarta revisión por este tema.
Edmundo Jarquín, economista y político opositor, dijo que el bono forma parte de un problema que no debería ser ignorado por el FMI, ya que está en juego “la transparencia en la gestión fiscal-financiera del Estado”.
Pero comentó que así como el FMI ha hecho caso omiso de la gestión en general de la cooperación venezolana, “no creo que el tema del bono vaya a ser mayor problema para la cuarta y quinta revisión” del programa.
“El bono forma parte de una política clientelar, según la cual se quiere que los empleados sean más leales a Ortega que maneja una red de remuneraciones extrapresupuestarias, que a la ley del presupuesto en el cual debería estar el bono”, aseguró.
Jarquín afirmó que con el bono-regalo “el Gobierno quiere que los empleados perciban como favor lo que les corresponde por derecho”.
El secretario general del pro gubernamental Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), Gustavo Porra, declaró ayer a medio oficialistas que son “los enemigos de Nicaragua” quienes están “jincando” para que el FMI insista en que se incorpore al presupuesto el bono-regalo.
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