Por Josué Bravo
CORRESPONSAL/COSTA RICA
Grupos ambientalistas pidieron nuevamente al gobierno de Costa Rica que elimine la concesión ambiental al proyecto minero Crucitas, ubicado en el norte del país; asegurando que el estado costarricense no pagaría los 1.7 millones de dólares de indemnización porque la empresa Industrias Infinito no tiene derechos ganados.
En campos pagados y correos electrónicos masivos, organizaciones sociales y ambientales, centros de investigación, especialistas de las principales universidades, dirigentes de diversos partidos políticos, así como representantes de las comunidades afectadas por la actividad minera; insistieron en que el gobierno que presiden Laura Chínchilla, sí puede eliminar el proyecto sin que ello conlleve indemnizar a la empresa.
Uno de los argumentos es que la concesión otorgada por el gobierno de Oscar Arias a la empresa Industrias Infinito mediante resolución No. 217-2008-MINAE del 21 de abril de 2008, es absolutamente nula; por cuanto la moratoria minera decretada por la Administración Abel Pacheco se mantuvo vigente hasta el 4 de junio del 2008; es decir casi un mes después de haberse dado la concesión.
Este acto es considerado ilegal por los ambientalistas, por lo tanto dicen que Industrias Infinito no tiene derechos adquiridos y todas las inversiones que ha realizado en Crucitas, “han sido bajo su propio riesgo porque la fecha nunca ha existido una resolución en firme que le autorice a iniciar operaciones”.
“Por lo tanto el Estado costarricense no tendría que indemnizar a la compañía minera con 1.700 millones de dólares como lo afirmara la Casa Presidencial en los medios de comunicación. En el peor de los escenarios, el monto de una eventual indemnización tendría que ser establecido por las instancias judiciales y arbitrales correspondientes. Pero nunca prefijado de manera precipitada por el Poder Ejecutivo cuyo deber en primera instancia es proteger los intereses nacionales”, señalan.
“La Presidenta Laura Chinchilla debe derogar dicho decreto y dar por nula la concesión otorgada a la empresa minera”, añaden.
La semana pasada Chinchilla anunció que su gobierno no anulará unilateralmente el proyecto de minería a cielo abierto Crucitas, y dejó en manos del Tribunal Contencioso Administrativo el futuro este proyecto ubicado en Cutris de San Carlos, cerca del río San Juan; pues allí se ventila un proceso en contra de la mina.
El primer vicepresidente, Alfio Piva, también aseguró que por anular esta minería el gobierno se expone a pagar una indemnización cercana a los 1,700 millones de dólares, lo cual fue criticado por ambientalistas.
“El Vicepresidente Piva ha reconocido que el proyecto minero de Crucitas conllevará serios impactos ambientales para nuestro país, y doña Laura Chinchilla ha manifestado que su gobierno no promoverá la minería metálica a cielo abierto. Por lo tanto no hay razones jurídicas, ni técnicas, ni de oportunidad política para mantener el decreto que declara este proyecto de ‘interés público y conveniencia nacional’ emitido por el gobierno anterior y que sustenta la concesión otorgada”, se quejan los ambientalistas.
El gobierno envió al congreso su lista de proyectos de ley para el periodo extraordinario que abarca todo el mes de agosto, en el cual destaca el de prohibir la minería a cielo abierto al país.
Este proyecto ha sido criticado por opositores, pues considera que no abarca la concesión a Crucitas.
