LA HABANA/ AFP
El “timbiriche”, pequeño negocio privado en Cuba, fue abolido en 1968 en una “ofensiva revolucionaria” que hizo de todos los cubanos empleados estatales, hasta 1993, cuando Fidel Castro abrió algún espacio al trabajo por cuenta propia, que ahora ensanchará su hermano Raúl.
La resurrección del “timbiriche” en 1993 se dio en medio de la crisis económica por la caída del bloque soviético y la agudización del embargo estadounidense, cuando Castro permitió el trabajo privado en 115 oficios como mecánicos, albañiles, plomeros, barberos o relojeros.
Un decreto de ese año previó la inscripción legal y el pago de impuestos para esos trabajos, exceptuados para dirigentes y universitarios. Quedó expresamente prohibida la contratación de asalariados.
Los nuevos trabajadores privados, que llegaron a 210,000 en 1995, enfrentaron dos problemas: una desaprobación ideológica que los miraba como peligrosamente capitalistas en una sociedad comunista de “obreros y campesinos”, y un nulo o muy deficiente suministro de insumos para su actividad, que los volcó al mercado negro.
En mayo de 1996 el “timbiriche” se amplió a 157 oficios, se admitieron algunos universitarios y se aprobaron los negocios familiares, abriendo la puerta para los pequeños restaurantes y el alquiler de habitaciones.
Pero se endurecieron los controles: además de la licencia, los “cuentapropistas” debieron pagar impuestos por ingresos personales, incluso en divisas, si su actividad era en esa moneda.
La recuperación de la economía a inicios de esta década marcó un desinterés oficial por la actividad y el Gobierno congeló las licencias a la vez que acentuó los controles. Numerosos negocios fueron cerrados por compra ilegal de insumos, actividades no autorizadas, evasión de impuestos, mientras otros sobrevivieron en ocasiones con sobornos a los inspectores. Al cierre de 2009, sólo se contabilizaron 143,000 “cuentapropistas”.
Un plan piloto convirtió este año en “cuentapropistas” a barberos y peluqueras de establecimientos estatales. El Gobierno les alquila los locales, les cobra la licencia y la seguridad social, en tanto los nuevos privados logran independencia y mejores ingresos.
El Gobierno busca ahora alternativas de empleo para un millón de funcionarios excedentes en la burocracia estatal, que deben pasar básicamente a la producción, pero muchos de ellos son muy adultos o carecen de las habilidades necesarias.
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