Fotos LA PRENSA/Archivo
Juanita se ha obsesionado con una teleserie mexicana que relata historias sobre mujeres víctimas de cualquier tipo de abuso por parte de los hombres.
Cada programa que ve Juanita, de 15 años, dice que siente una impotencia grande al observar los casos de mujeres violadas. Esa impotencia la siente por ella misma.
Desde que tenía 12 años fue víctima de las violaciones sexuales por parte de un primo que vivía en su casa. El primo tenía 19 años.
Juanita cuenta que al inicio el primo la enamoraba. Ella se confundía. Pero afirma que siempre se negaba a quedarse solos. Él se molestaba y la chantajeaba diciendo que si le decía algo a su mamá se iba a matar y que la única culpable sería ella.
Al cumplir los 14 años Juanita había cambiado su comportamiento, la niña dulce que aún jugaba con muñecas se convirtió en una niña malcriada que vivía enojada todo el tiempo.
Su madre atribuyó ese cambio, a la pre adolescencia. Juanita dice que siempre supo que si le contaba lo que el primo hacía todas las noches mientras dormían, ella no creería porque el primo era su protegido. “Además, mi tía, la mamá de él, vive en Estados Unidos y prácticamente nos mantiene”, cuenta.
Pero un día, dice Juanita, harta de las violaciones y chantajes le dijo a gritos a su mamá que si no se iba él, se iba ella de la casa. “Mi mama se quedó impactada con todo lo que le conté”, dice. Pero la mamá prefirió que se fuera ella a vivir con su papá que averiguar lo que ocurría en su casa.
Juanita le contó a la sicóloga de su escuela. Ambas fueron a la Policía a poner la denuncia. Ahí les dijeron que harían las investigaciones pertinentes que esperaran a sus llamados para continuar el proceso judicial.
Juanita dice que efectivamente la Policía llegó a su casa a buscar a su primo. Su mamá salió a la defensa de él argumentando que ella era vaga y que ella lo provocaba a él.
Hace tres meses que Juanita puso la denuncia y aún sigue esperando que la llamen para continuar con el proceso. Su papá y la sicóloga son su único apoyo. El abogado que su papá le está pagando para que lleve el caso, dice que lo más conveniente es esperar al llamado de las autoridades para continuar con la denuncia.
En el informe de fiscalización sobre el acceso a la justicia de niños y niñas sobrevivientes de delitos sexuales, realizado en el 2010 por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, bajo el auspicio de Save the Children, se constató que el acceso de adultos a la justicia es deficiente pero que el acceso de niños a la justicia está peor.
Pedro Hurtado, coordinador de Programa Derechos de la Niñez, de Save the Children, explica que tanto la Comisaría de la Mujer, Niñez, Policía Nacional, Ministerio Público y el Poder Judicial, presentan muchas debilidades, entre ellas que no cuentan con un sistema estadístico. Esto dificulta que se obtenga información rápida sobre las denuncias. No existe orden, muchas denuncias se pierden.
Además, explica Hurtado, se supo que las autoridades judiciales tienen poca capacitación con respecto de los delitos cometidos contra la niñez y la adolescencia.
“Con el informe de fiscalización que realizamos, nos damos cuenta que la sociedad nicaragüense viola los derechos de la niñez constantemente. Los jueces no saben qué hacer ante un caso de violación contra un niño o niña porque tiene muy poco conocimiento y capacitación legal”, afirma Hurtado.
Durante el proceso judicial, explica Hurtado, no se toman medidas de protección para el niño o niña abusada para evitar la revictimización, por ejemplo, que no haya contacto visual entre la víctima y el agresor o que declare sin la presencia de éste.
Durante la realización de la Fiscalización sobre el acceso a la justicia de niños y niñas que han sido abusados sexualmente, se descubrió que hubo 867 denuncias de este tipo en diez municipios fiscalizados. 853 casos eran delitos de violación.
Hurtado dice que se comprobó que Managua, Matagalpa y Bluefields son los departamentos con mayor incidencia en delitos de violación contra niños y adolescentes.
En Managua se registraron 200 delitos, en Matagalpa 181 y en Bluefields 103 denuncias.
El informe presentado por la Procuraduría de Derechos Humanos, refleja que de las 867 denuncias solamente llegaron a Juicio Oral y Público 251 casos, es decir apenas un 28.9 por ciento. De esos 251 casos, el 54.71 por ciento fueron sentencias condenatorias y el 45 por ciento absolvieron a los investigados.
“Esto refleja los altos índices de impunidad y la grave violación al derecho al acceso a la justicia en nuestro país para los niños y niñas”, dijo el Hurtado.
Hurtado explica que el 70.1 por ciento de las denuncias que quedaron impune se debe a que existe negligencia en las investigaciones policiales. Además no se ejecutan las órdenes de captura. Pero también hay una insensible y débil representación a las víctimas de parte del Ministerio Público.
Según la sicóloga Maritza Ruiz, quien ha atendido varios casos de niños y niñas que han sido abusadas sexualmente y que ha apoyado a muchos en el proceso de denuncia contra el agresor, una vez que ha iniciado el proceso judicial, tanto la víctima como sus familiares tienen mucho miedo. Hay una revictimización de la persona abusada, al tener que revivir lo que le pasó.
“Generalmente en un juicio, exponen a los abusados a contar todo lo que les pasó, con detalles. Los niños tienen miedo a las preguntas de las cuales no entienden, por lo tanto no tienen respuestas. Sienten que les reclaman cuando les dicen el porqué no se lo contaron a sus padres. Sienten miedo a ver al agresor en el juicio. Sienten miedo de lo que le pueda pasar si el acusado queda en libertad”, explica Ruiz.
Según la experiencia de Ruiz, la mayoría de las víctimas no denuncia el abuso. Y a la mayoría que denuncia les toca enfrentar el proceso con poco asesoramiento. “Esta realidad desalienta totalmente a las sobrevivientes, provocando que se retiren del proceso judicial, por no decir que en la mayoría de los casos que llegan hasta el jurado los ofensores son declarados inocentes”, explica Ruiz.
María, de 10 años, supo que era el momento de contar lo que le pasaba una noche que vio a su vecino (quien abusó sexualmente de ella durante cinco meses), que salía de la casa de otra vecina, una niña de 12 años.
El vecino que tenía 23 años, llegaba donde María casi todos los días. Aunque la niña le cerraba la puerta con candado, éste la amenazaba con matarla. Así lograba que la niña abriera la puerta y luego la violaba.
La niña había cambiado su comportamiento. Ya no quería salir de la casa, pasaba encerrada en su cuarto, lloraba constantemente.
Su mamá, doña Ana, (ambos nombres ficticios) trabaja como empleada doméstica. En cuanto supo lo que le habían hecho a María, pidió ayuda a sus jefes, éstos la apoyaron y le dieron asesoramiento, incluso les pagaron un abogado.
Los jefes de doña Ana le sugirieron que llevara a la niña al Ministerio de la Familia (Mifamilia) para que le explicaran cuál era el proceso para denunciar al vecino y para que le dieran atención sicológica a María.
En el Ministerio remitieron a María donde una sicóloga para que la ayudara a superar el trauma.
Transcurrieron tres o cinco días entre que ponía la denuncia y se realizaban diligencias en el proceso judicial, como buscar al acusado.
Luego de un largo proceso, se logró reunir las pruebas pertinentes y al acusado lo declararon culpable y lo echaron preso por más de cinco años. Pero durante este proceso María tuvo que revivir los momentos en que era abusada.
Según doña Ana, el momento más difícil para su hija fue cuando estaba en el juicio, porque tuvo que contar una vez más las veces y la manera en que fue abusada. Delante de un juez, cinco jurados y lo peor para ella, delante del agresor, que durante los cinco meses la había amenazado con matarla si decía algo, y delante de otras personas que jamás había visto en su vida.
“Para María fue vergonzoso, tenía miedo, fue humillante, porque además las preguntas de los abogados eran morbosas, pedían demasiados detalles. Además del sufrimiento y el mal momento por los que pasó mi hija con el que la violó, el juez la expuso a la vergüenza. En Mifamilia, tuvo que contar toda la historia dos veces, porque la primera vez perdieron el expediente”, cuenta doña Ana.
El tiempo que dura el proceso entre la denuncia, el juicio y la condena depende de varios factores y de cada caso. Este caso lo llevó el Ministerio de la Familia, desde la denuncia hasta la sentencia. Duró entre cuatro y cinco meses. Hay procesos más complejos que se prolongan un año o año y medio. María sigue en terapias con la sicóloga. Y tuvo suerte de que su caso se resolviera en un proceso corto. Tuvo suerte además de que el vecino no quedara impune. b
Ver en la versión impresa las paginas: 12, 13, 14, 15
