Una revisión de la actuación de algunos de sus agentes y delimitar el rol que deben desempeñar aconsejó a las autoridades de la Policía Nacional, Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente Nicaragüense de Derechos Humanos (CPDH).
La sugerencia de Carmona se dio a raíz de la denuncia que realizó una persona ante ese organismo en contra de un agente de la Policía, que a su vez por ser abogado aparentemente se involucró en algunos actos de posible corrupción y al mismo tiempo vinculan a otros oficiales de esa institución.
La preocupación de Carmona es que una persona que ocupa un cargo en esa institución y ejerce también como abogado, puede propiciar el tráfico de influencias y también puede incurrir en algún tipo de manipulación en investigaciones policiales. Es por ello que aconseja a las autoridades policiales delimitar “cuál es el rol de los policías”.
Carmona se refirió al caso del uniformado que se desempeña en Asesoría Legal de la Policía que es señalado de haber incurrido aparentemente en actos de corrupción.
Juan Francisco Valdés Raudez, un granadino con ciudadanía estadounidense, denunció tanto en la CPDH como en Asuntos Internos de la Policía que Harold Arturo Rivera —con el grado de teniente y quien trabaja en Asesoría Legal de la Policía— presuntamente autorizó documentos, falsificando la firma de un ex “cliente” y hasta habría usado la identidad de un fallecido para trámites oscuros.
El denunciante aseguró que en octubre del año pasado, contrató verbalmente a Rivera para que trabajara en el área de cartera y cobro administrativo de la empresa de Importaciones y Exportaciones Raudez Valdés y compañía limitada, con sede en Managua.
Sin embargo —sostuvo Valdés— después que demandó cuentas de algunos préstamos, muchos de los cuales fueron hechos a familiares de algunos comisionados con cargos en direcciones de la Policía Nacional, ahora aparece que le han imputado delitos de usura y enfrenta amenazas de detención.
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