Por Verónica Sotomayor
La participación política es derecho de cada ciudadano/a, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la práctica, sin embargo, las mujeres nos enfrentamos a obstáculos gigantescos para obtener puestos de mando en este ámbito. De acuerdo con el historial de presidentes/as de América Latina, tan sólo nueve mujeres han logrado ocupar el sillón presidencial. Un estudio de la ONU advierte que si seguimos este camino, las mujeres tendremos que esperar hasta el 2490 para alcanzar la plena igualdad con los hombres.
Diversos factores han complicado la participación de las mujeres en puestos de liderazgo. Uno de ellos es porque el funcionamiento de muchas de las instituciones políticas parte de expectativas masculinas. Otro factor que impide el acceso, por ejemplo, a la circunscripción electoral, es la falta de atención de los medios —y de los propios partidos— a la credibilidad política, social y económica de las mujeres. Además, sin apoyo de los partidos se imposibilita la obtención de recursos para poner al frente a candidatas. Por último, el mismo temor y la baja autoestima —alimentados por ciertos patrones culturales— hacen que la meta para que logremos ejercer puestos de mando se encuentre, según el estudio de la ONU, a unos 480 años de distancia.
Los políticos y burócratas en América Latina no dan la vía libre para que las mujeres ejerzamos sin prejuicios ni limitantes nuestro derecho a participar en la toma de decisiones. Aun así, desde otros niveles grupos de mujeres han unido fuerzas para revertir el statu quo y la injusticia en sus países. Han sido parte activa de movimientos revolucionarios (en México, Cuba y Nicaragua). Han realizado manifestaciones históricas, como la de fines de los setenta en Argentina, cuando se reunieron semanalmente las llamadas Madres de la Plaza de Mayo para reclamar información sobre sus seres queridos que habían “desaparecido” durante el gobierno de Jorge Rafael Videla. Recientemente hemos visto la constancia de las famosas Damas de Blanco en Cuba, quienes en sus marchas demandan la liberación de sus familiares encarcelados. Y en Nicaragua y Honduras también podemos atestiguar sobre la labor de los movimientos de mujeres que luchan por nuestros derechos.
Unidas hemos logrado cambios en la historia, pero es imprescindible que las mujeres obtengamos más poder de decisión y liderazgo a nivel individual, para que desde la arena política, puesto que es allí donde se planifican y ejecutan las leyes y el orden público que rige a la nación, continuemos luchando por revertir el estado de abandono en el que se encuentran nuestros derechos y prioridades. En este sentido, empoderamiento implica una reforma en el sistema electoral que nos ofrezca un camino más fácil y eficaz de ser elegidas.
Por otra parte, que más mujeres compartan el poder político con los hombres también contribuirá a reducir el alto nivel de corrupción que nos envuelve. No es por casualidad que países considerados con un nivel bajo o moderado grado de corrupción tengan una mayor representación femenina en los órganos electivos, y viceversa.
Según el informe de Transparencia Internacional, en países como Nigeria, Pakistán, Kenya, Bangladesh y otros percibidos como los más corruptos, la representación de las mujeres en las asambleas es muy baja: el 4 por ciento en los peores casos (en Nicaragua, las mujeres conforman el 18 por ciento de diputados, pero la mayoría son suplentes y su perfil de cargo no les permite decidir). Sin embargo, en países como Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca, percibidos como los menos corruptos, las mujeres con poder de decisión representan hasta el 40 por ciento del total de diputados.
Algunos ejemplos de las pocas mujeres nicaragüenses a quienes las instituciones y los votantes han brindado la oportunidad de liderar incluyen a Violeta Barrios y Aminta Granera. La ex Presidenta, que todavía es criticada hasta por su forma de hablar, es una mujer reconocida universalmente por su capacidad de consenso e invitación al diálogo durante una de las peores crisis políticas por las que ha recorrido Nicaragua. La jefa de la Policía Nacional, a pesar de grandes obstáculos, su profesionalismo, ética y liderazgo han repercutido en cambios progresistas con un impacto evidenciado a nivel macro.
El acceso de las mujeres a la política es una carta que debe ponerse sobre la mesa pública, entre otras cosas, porque conformamos el 52 por ciento de la población y porque está comprobado que tomaremos decisiones en pro del cumplimiento de los derechos humanos y del desarrollo socioeconómico de todo el pueblo.
Las mujeres, unidas hemos logrado grandes cambios en la historia. Pero es imprescindible que ahora obtengamos más poder de decisión y liderazgo, a nivel individual, en la arena política, puesto que es allí donde se planifican y ejecutan las leyes y el orden público que rige a la nación.
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