A la bala que le afectó la movilidad de las piernas, se sumó la forma en que fue obligado a abandonar el tratamiento terapéutico en el Hospital Aldo Chavarría.
“Me sacaron, dijeron que Gustavo Porras había mandado a decir que ya no podía seguir recibiendo terapia en ese hospital, sencillamente porque no iba a favor de su gobierno”, dijo Eliézer Marín, de 17 años.
El muchacho fue herido de bala durante la protesta liberal por el fraude de las elecciones municipales del 2008. Su caso, al igual que el de Jaime Chavarría, que ayer cumplió dos años de agredido y Leonor Martínez, la joven activista de la Coordinadora Civil, también corre el riesgo de quedar en la impunidad.
Juan Manuel Marín, padre de Eliézer, sostuvo que el propio director del Aldo Chavarría, del que no podía precisar su nombre, le indicó que había dado la orden de salida de su hijo “porque los liberales tienen reales, que lo fueran a rehabilitar ellos”.
“Yo soy revolucionario. Soy sandinista (…) y aquí Gustavo Porras dijo que si se ameritaba, que se atendiera (a Eliézer) y, si no, que no se atendiera”, le habría dicho el director del hospital a don Juan Manuel Marín, quien pone como testigo a un vecino suyo, que es de los CPC, de lo que expresó el médico.
El padre de la víctima dijo que el CPC que había conseguido la cita con el director del hospital quería escuchar de voz del médico los motivos por los cuales Eliézer había sido sacado del centro de rehabilitación, cuando aún permanecía inmóvil en una cama.
El documento de egreso extendido por ese hospital dice que le dieron de alta porque el paciente logró todos los objetivos propuestos a su ingreso. Pero el muchacho salió igual como llegó, sin lograr caminar.
Eliézer recuerda claramente que en uno de los recorridos hospitalarios que el director efectuaba todos los martes, para ver a los pacientes, se dirigió a él:
“Me dijo, mirá ya se te acabó tu estancia, andá buscá que hacer a tu casa, allá en tu casa hacés ejercicios. Yo no sé cómo, pero aquí ya no hay espacio para vos, hay muchos pacientes (…) que necesitan tu espacio”, sostuvo el muchacho.
- Al cumplir dos años ayer de haber sido agredido por un grupo de los llamados CPC, Jaime Chavarría dijo que para su caso en el país no hubo justicia.
Recordó Chavarría que fue vapuleado al hacer eco de los reclamos de un grupo de ciudadanos que no les permitían verificarse por el cierre temprano de la oficina de verificación, en el Josefa Toledo de Aguerri.
A dos años nosotros hemos comparecido ante la Policía Nacional, ante todas las estructuras de la Fiscalía, ante el Poder Judicial y no se ha hecho justicia de nuestros casos, sostuvo Chavarría.
También dijo que acudió ante todas las instancias del Consejo Supremo Electoral porque todos se implicaron. Compareció ante comisiones de la Asamblea Nacional, sin que haya encontrado respuesta a su caso.
Esta justicia que tenemos da asco, señores (…), da asco esta justicia porque están propiciando la inmundicia, no está prevaleciendo la verdad en este país, sostuvo el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona.
Si es necesario seguir denunciando estos casos a nivel internacional, dijo Carmona que lo harán.
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“Me siento que violaron mis derechos, me sacaron como cualquier cosa, a ellos no les interesó, simple y sencillamente por ser contrario al gobierno de Nicaragua”, aseguró el menor, quien, pese a las dificultades producto del impacto, cursa tercer año de secundaria.
Según el muchacho, para sacarlo primero justificaron que no podía seguir porque su progenitor, que es cristiano, oraba en el hospital. “Decían que a ellos eso no les gustaba, que iba contra la moral del hospital (…) después me vine dando cuenta que había sido por cosas políticas que me habían sacado del hospital”, relató Eliézer.
El día en que fue lesionado, el joven acompañaba a su padre en la marcha en la que participaban simpatizantes de la Alianza Partido Liberal, quienes se enfrentaron a pedradas con los seguidores del partido de gobierno.
En el sector de El Zumen, Eliézer se separó de su familia, pues todos se dispersaron al momento de los incidentes violentos. En ese sector “se estaban enfrentando los sandinistas con la gente liberal, yo sólo sentí el impacto de bala”, relató.
El joven sólo precisa que unos policías estaban cerca de donde él se encontraba y lo auxiliaron, después “caí al suelo y ya sin nervios ni podía caminar, no podía levantarme”.
Recordó que se escucharon tres disparos, el último que escuchó fue “el que me impactó en la espalda”. Su padre dice que éste se encontraba entre patrullas policiales que desde los edificios de la Alcaldía hacían disparos.
“A mí no me consta si fue de la Policía o alguien de la Alcaldía, pero que sí fue un sandinista eso es lo que me consta”, sostuvo el progenitor de la víctima. Con esfuerzos, Eliézer acude a un colegio al que su padre lo tiene que trasladar en una bicicleta.
QUE ESTADO LE RETRIBUYA
“Me he recuperado bastante porque los médicos pronosticaban al inicio de lo que me pasó que no podía caminar”, apuntó la víctima que fue advertida que tampoco iba a poder realizar sus necesidades fisiológicas de forma normal.
“Si el Gobierno de Nicaragua es consciente de lo que ha pasado, que le retribuya los derechos a mi hijo y le dé una pensión vitalicia”, reclamó don Juan Manuel Marín.
No fue hasta hace unos meses que el padre pudo enfocar sus acciones a otra tarea. Buscar justicia por el daño sufrido por su vástago, pero aparentemente ya es tarde.
Las autoridades policiales le han dicho al abogado Lulio Marenco que las evidencias, como prenda de vestir que ese día llevaba puesta el muchacho, están confundidas. Además éste no llevó a su hijo al Instituto de Medicina Legal y no hay un dictamen del forense, es otro de los alegatos.
“En la Policía dicen que ese caso ya está anulado porque mi papá no fue en el instante que ellos decían que debía ir a exponer ese caso”, relató Eliézer.
Consultada la jefa de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionada mayor Glenda Zavala, sobre qué pasó en este caso y los motivos por los que la Policía no lo investigó de oficio si había un lesionado, dijo no precisar en ese momento de qué se trataba. Aunque posteriormente dijo recordar al menos de que ella sí estuvo participando en las investigaciones del mismo.
No obstante, para el abogado Marenco todos los casos en contra de allegados al gobierno de Ortega no son investigados adecuadamente. “Son así preparados por la Policía, todo el que piensa diferente a Ortega ellos están encargados para preparar estos casos”, dijo el abogado, quien menciona que esto mismo sucedió con el caso de la joven Leonor Martínez.
Y acusó que la jefa de la DAJ manipuló el expediente de la investigación del caso de Martínez, lo que es rechazado por la funcionaria policial.
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