Igual que la conmemoración del 117 aniversario de la revolución liberal, hecha el 11 de julio pasado, sirvió al ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2001) como un pretexto para confirmar su precandidatura presidencial, la celebración del 31 aniversario del triunfo de la revolución que derrocó a la dinastía somocista, este reciente 19 de julio, fue para Daniel Ortega el escenario perfecto para confirmar sus pretensiones reeleccionistas.
- Qué piensan sobre la eventual candidatura presidencial de Daniel Ortega los políticos que se mencionan o conocen como presidenciables dentro de la oposición? ¿Qué harían ellos al respecto? Domingo buscó las reacciones de ellos y esto es lo que piensan.
Noel Vidaurre, ex candidato a la Presidencia de la República por el Partido Conservador en 1996, espera participar en las elecciones primarias interpartidarias como precandidato presidencial por el Grupo Multipartidario que integran simpatizantes conservadores, liberales independientes, de la resistencia y ciudadanos sin filiación partidaria. Él dice que no ve otro candidato presidencial más que Ortega en el FSLN, aunque ésta sea inconstitucional. Por eso dice que no basta la unidad de la oposición, sino que urge una propuesta fresca, honesta, con un discurso nuevo y un programa para todos que parta de una reducción en los Poderes del Estado, que a su juicio son onerosos.
El diputado Enrique Quiñónez no ha dicho que él aspira a la Presidencia, por el contrario ha expresado su respaldo a Eduardo Montealegre. Sin embargo, su reciente acercamiento con la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) lo convierte en alguien de quien es necesario conocer su posición. Quiñónez advierte que la oposición no debe quedarse en denunciar que la candidatura presidencial de Daniel Ortega sería ilegal ni limitarse a construir la unidad de la oposición.
“Lo primero que se debe de buscar —sugiere— es la unidad de las fuerzas democráticas, porque mientras no se dé esa unidad vamos a seguir dando bandazos de ciegos. Lo ilegal vemos que siempre se da. Ortega va primero por la aprobación de su sentencia en Corte Plena y luego va a buscar cómo adelantar las elecciones e inscribir a sus candidatos con este Poder Electoral”.
“Creo que si Ortega presenta su candidatura la oposición no debería participar, pero también estoy seguro que el primero que se inscribiría sería Arnoldo Alemán y otros dirían que en política no se cede espacio, entonces lo seguirían. Se desatarían como cuando uno a uno fueron tomando posesión los concejales liberales en los municipios que se robaron en el 2008”, critica Quiñónez.
Domingo trató de ubicar al precandidato presidencial del PLC, Arnoldo Alemán, pero el vocero del partido, Leonel Teller, respondió que “el doctor Alemán no dará ninguna declaración a periodistas o medios de comunicación durante su campaña, porque así lo ha decidido su equipo asesor”. La revista buscó entonces la opinión del ex vicepresidente liberal y ex candidato presidencial de ese partido, José Rizo Castellón, pero desde el miércoles por la tarde, él se excusó de tener mala recepción celular y estar participando de un almuerzo. Aunque Rizo se comprometió a atendernos después, él no ha atendido su celular ni corresponde las llamadas.
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Al ritmo del “gallo ennavajado” —el mismo de la campaña electoral de 1990, en la que fue derrotado— el caudillo del Frente Sandinista anunció: “Nos vamos a ver las caras en la gran batalla electoral de 2011”.
El inciso a) del artículo 147 de la Constitución Política establece claramente que “no puede ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República el que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales”. Pero Ortega apuesta a superar su doble inhibición con una “sentencia” que sus magistrados judiciales emitieron el 19 de octubre pasado en contra de ese inciso y con una certificación que en la víspera de la convocatoria para la contienda le extenderían los ex magistrados electorales que él pretende mantener en los cargos, aunque el período de todos venció entre febrero y junio del año en curso.
¿Qué consecuencias jurídicas y políticas tendría el que Ortega insistiera y lograra presentar su candidatura presidencial y su reelección fuese impuesta a partir de las condiciones que él se ha creado? El abogado y escritor Carlos Tünnermann Bernheim no lo duda ni un segundo: “Si Daniel Ortega logra imponer su candidatura y consigue su reelección, que yo quiero seguir creyendo que es una hipótesis poco probable, irremediablemente este país iría a la catástrofe”, dice.
Tünnermann asegura que “con un período más de Ortega, Nicaragua estaría claramente ante una nueva dictadura de corte familiar” y no omite recordar que “las reelecciones han traído consecuencias funestas para el país, con violencia, encarcelamientos, guerra y exilio”.
El analista, que es miembro del Movimiento por Nicaragua (MpN) y de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), asegura que la principal consecuencia jurídica sería la certeza absoluta de “la instrumentalización de la institucionalidad del país y de las leyes, empezando por la Carta Magna”.
El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Pallais, considera que con Ortega como candidato del partido de Gobierno, las elecciones del próximo año “de entrada serían un proceso viciado, carente de legitimidad y que llevaría al país a las puertas de una gran confrontación, del tipo que ya creíamos superado, es decir, la guerra”.
Tünnermann y Pallais coinciden en que la reacción mínima de Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería ser el rechazo a lo que claramente se trataría de una amenaza a la paz firme y duradera.
Otro jurista, Alberto Saborío, opina que “no basta ser abogado para entender que cualquier candidatura que vaya contra las prohibiciones que establece la Constitución, sin que ésta sea reformada, es inconstitucional”, como es el caso del presidente Daniel Ortega.
La forma más segura en que Ortega puede imponer su reelección es con una reforma constitucional para la que necesita el voto de 56 de los 92 diputados de la Asamblea Nacional. Pallais asegura que “Ortega sabe que lo que ha hecho hasta ahora, su pseudo sentencia y la ilógica cita del segundo párrafo transitorio del artículo 201 de la Constitución Política de 1987, no son suficientes para imponer su candidatura y no ha descartado por tanto la reforma a la Constitución Política”.
Tünnermann confía en que Ortega no conseguirá los 56 votos para reformar la Constitución. Pero advierte que la demora en la elección de los relevos de los funcionarios públicos y la creciente crisis en el Poder Judicial son parte de las presiones o chantajes con los que Ortega pretende contar en una mesa de negociaciones para la reforma constitucional, “porque él sabe que esa sentencia amañada de la Corte es una base muy débil para su proyecto reeleccionista”, coincide.
Pallais cree que el FSLN está apostando a forzar una reforma “a más tardar entre noviembre y diciembre de este año” y que para eso busca —aunque aún sin éxito— conquistar el voto de cada diputado.
Tünnermann agrega que otra de las claves principales para la reelección de Ortega es mantener el control sobre las estructuras del Poder Electoral.
“Él sabe que en una elección libre pierde, por eso su proyecto depende de que no haya cambios en el Consejo Supremo Electoral, porque lo más probable es que otros magistrados, sobre todo unos honestos y capaces como demanda la sociedad civil, no extenderían la certificación para su candidatura, como sí hizo el Consejo de Roberto Rivas, tres horas después de que la Sala Constitucional integrada sólo por magistrados del FSLN resolvió a favor de un ridículo recurso en contra la misma Constitución Política”, recuerda.
El papel que vaya a jugar la oposición será también parte de la clave. El diputado José Pallais opina que si Ortega llega a presentarse a las elecciones generales con la bendición del Consejo Supremo Electoral (CSE) “no se debería participar en esas elecciones porque de entrada ya hay un fraude más a la población”.
Sin embargo, el mismo diputado liberal crea una excepción en caso de que las elecciones sean observadas ampliamente. “Si las elecciones fueran verificables entonces creo que habría que valorar, porque veo que sería una oportunidad para que el pueblo diga masivamente que no quiera más de Ortega”, explica.
En 1990, Alberto Saborío fungió como Secretario de Organización de la Unión Nacional Opositora (UNO) y recuerda que él fue parte del equipo que debió tomar la decisión de participar o no en esas elecciones en que se temía falta de transparencia.
A partir de esa experiencia, él opina que aún es muy pronto para sugerir si la oposición debería o no participar en unas elecciones en las que el candidato oficial sea el presidente Ortega.
“Es cierto que en esas condiciones puede creerse que con la participación se estaría legalizando lo que sería una inconstitucionalidad, pero la experiencia nos dice que las opciones de abstención tienen pocos resultados”, analiza.
Saborío cree que las consecuencias que tenga la candidatura presidencial de Ortega y su eventual reelección dependerán de cómo reaccione la sociedad. “A veces estos atropellos se van acumulando en la conciencia colectiva, pero con el tiempo estallan en violencia, y esto —dice— ocurre ahora más temprano que tarde”.
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