EL UNIVERSAL.- La entrada en vigor de la llamada Ley Arizona pone a los mexicanos entre la espada y la pared. Es el “sándwich completo”, dicen analistas. Los expulsan de allá por no tener papeles, los criminalizan, y vuelven a México sin saber a dónde ir, dónde sobrevivir. Sus poblados también se encuentran en guerra, la del narcotráfico.
Cruzar la frontera hacia Estados Unidos dejó de ser el gran asidero. La entrada en vigor de la legislación antiinmigrante de Arizona programada para el 29 de julio y la orden del presidente Barack Obama para que las empresas despidan a trabajadores indocumentados, cerraron “a cal y canto” la puerta ilegal del norte.
En unos días y pese a la lluvia de demandas, no tener papeles de estadía, no llevar en la billetera la “green card” o transportar a un inmigrante, aunque sea un pariente, serán delitos en Arizona y se pagarán con detención y cárcel.
ADELANTAN REDADAS EN ARIZONA
Aún no entra en vigor la ley SB 1070 y las autoridades de Arizona ya han comenzado a aplicar las medidas de corte racial que contiene esta norma, al detener a personas por su apariencia, a quienes les exigen que exhiban los documentos que comprueban que están legalmente en EE.UU.
Iván Espinoza-Madrigal, abogado de la organización estadounidense Fondo México Americano para la Defensa Legal y Educación (Maldef), que es uno de los grupos civiles que presentó demanda ante la Corte Federal en Phoenix, para que se frene la norma, reveló que entre los clientes que representan hay una decena de casos documentados de este tipo, que fueron entregados a la juez de la causa, como evidencia contra esta ley.
Así lo indicó en entrevista con El Universal, al hablar sobre la importancia de la audiencia que se realizó el jueves, en la que la juez federal Susan R. Bolton, recibió para su análisis, argumentos, escritos y evidencias, que sustentan la demanda de organizaciones como Maldef y la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), entre otras, que solicitaron que suspenda la entrada en vigor de la SB 1070 prevista para el próximo 29 de julio.
Indicó que entre las pruebas que se entregaron a la juez, están testimonios de sus clientes que han sido objeto del trato discriminatorio que contiene esta ley, a pesar de que aún no es vigente, lo que habla de una política antiimigrante que vulnera garantías que en los hechos ya se aplican.
APARIENCIA ÉTNICA DISTINTA
Espinoza-Madrigal detalló que uno de estos clientes es Jim-Shee, un ciudadano chino-americano, que también tiene ascendencia mexicana, quien por su apariencia étnica distinta en el último mes ha sido detenido en dos ocasiones por policías en Arizona para exigirle que compruebe su estatus migratorio.
Ante la experiencia de Espinoza-Madrigal en la defensa de las libertades civiles, indicó que hay optimismo en que la juez de la causa vote en contra de la aplicación de la legislación, y ha expresado su intención “de tomar una decisión con todo cuidado”.
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