PHOENIX/AP
La juez federal Susan Bolton escuchó ayer a partidarios y oponentes de una severa ley de inmigración en Arizona para decidir si ésta debería entrar en vigor en una semana en medio de una serie de cuestionamientos.
La audiencia se concentró en una de siete demandas interpuestas contra Arizona por una ley que ha encendido el debate nacional sobre la inmigración.
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La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el Gobierno federal y otros oponentes de la ley desean que Bolton emita un interdicto para bloquear la aplicación de la ley antes de que entre en vigencia el jueves.
El tribunal estaba colmado con unos 150 espectadores y 30 abogados, mientras decenas de manifestantes aguardaban afuera. Este grupo incluía adversarios que consideran inhumana la ley y partidarios que creen es una respuesta necesaria para asegurar la frontera.
La primera parte de la audiencia fue mayormente formal mientras la juez y un abogado de la ACLU revisaban la ley para discutir los pasajes que los demandantes objetan. Bolton manifestó que la ley tiene una sección que permite que partes de ella puedan aplicarse aunque otras sean suprimidas.
La mayor controversia sobre la legislación se centra en disposiciones sobre detenciones y arrestos, nuevos delitos vinculados a los indocumentados y el requisito de que los inmigrantes lleven y presenten sus documentos migratorios.
Otras partes de la ley que reciben poca atención tienen que ver con la incautación de vehículos y sanciones al empleo de indocumentados.
La legislación requiere que los agentes de policía, al hacer cumplir otras leyes, revisen el estatus migratorio de una persona si existen sospechas razonables de que se encuentra en el país ilegalmente. También prohíbe a los indocumentados solicitar trabajo en zonas públicas.
Desde que la gobernadora Jan Brewer firmó la ley el 23 de abril, partidarios y oponentes de ésta se han manifestado en Arizona y otros lugares del país.
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