Por David Anderson
PHOENIX, EE.UU./AFP
Una jueza federal en Phoenix escuchará este jueves a partidarios y oponentes de la controvertida ley de inmigración que criminaliza a los indocumentados en Arizona, entre ellos los argumentos del gobierno de Estados Unidos que quiere evitar su entrada en vigor el 29 de julio.
En la demanda presentada por el Departamento de Justicia, la Casa Blanca argumenta que los asuntos de inmigración son de competencia exclusiva del gobierno federal y que las legislaciones locales no pueden tener prevalencia sobre los códigos federales o la Constitución.
La jueza Susan Bolton escuchará a los abogados de la gobernadora del estado, la republicana Jan Brewer, la defensa del gobierno federal y de grupos de derechos civiles como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que denunció el lenguaje de discriminación racial de la ley.
En las afueras del palacio de justicia local Sandra Day O’Connor, en el centro de Phoenix, decenas de manifestantes alzaban pancartas y banderas estadounidenses en contra de la ley, que según sondeos recientes es una medida popular en el estado y con importante respaldo en el país.
Terri Leon, director ejecutivo de la organización no gubernamental Friendly House, dedicada a ayudar al inmigrante en Estados Unidos, dijo a un diario local que «hay mucho miedo» y expresó su preocupación porque la ley dificulte a la entidad su misión de servir a la comunidad de inmigrantes.
La ley SB1070, proclamada por la gobernadora de Arizona el pasado 23 de abril tras un voto en el Congreso estatal, declara la inmigración ilegal como un delito estatal por primera vez en la historia de Estados Unidos.
La normativa establece que la policía puede confirmar el estatuto de aquellas personas sospechosas de estar en el país sin documentos migratorios y castigar a quienes se hayan contactado con ellos en este estado fronterizo con México.
Una de las demandantes individuales, Luz Santiago, una pastora de la Iglesia Pueblo de Dios en la localidad de Mesa, teme por el bienestar de los miembros de su congregación.
«Me deprime mucho» la situación de la comunidad por esta ley, declaró a la prensa Santiago, al describir el miedo que tienen los niños de que sus padres salgan a la calle y no regresen por ser detenidos. «Se supone que Estados Unidos representa la libertad», recalcó.
El martes, los adversarios a la ley anunciaron una serie de manifestaciones la próxima semana si entra en vigor. Las protestas incluyen actos de desobediencia civil, según los organizadores.
La semana pasada la jueza Bolton realizó una audiencia preliminar en la que los abogados que representan a la gobernadora de Arizona pidieron el abandono de las demandas, mientras la defensa del policía de Phoenix David Salgado, de origen latino, peleó por la suspensión de la ley SB1070.
El abogado del policía Salgado, Stephen G. Montoya, alegó que los oficiales en Phoenix y otras áreas del estado tendrán dificultades para interpretar la ley, que además -dijo- otorga a Arizona un poder que es una prerrogativa del estado federal, con las leyes de inmigración ya vigentes en todo el país.
«Nunca hemos tenido 50 leyes de inmigración», dijo Montoya, que pidió a la jueza Bolton prohiba la puesta en vigor de esta legislación en Arizona, donde viven unos dos millones de hispanos, 33% de origen extranjero. Unos 460.000 son indocumentados.
En Estados Unidos viven unos 11 millones de indocumentados, dos tercios de los cuales de origen latinoamericano.
La mitad de los estadounidenses cree que su gobierno debería concentrarse en detener la inmigración ilegal, mientras que 45% prefiere un plan para resolver la situación de los indocumentados ya en el país, según un sondeo de principios de julio de la firma Gallup.
El presidente Barack Obama defiende la necesidad de una reforma integral que resuelva la situación de esos inmigrantes sin papeles, al mismo tiempo que fija nuevas condiciones para la entrada en el país.
