Los magistrados liberales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se rehusaron a firmar un proyecto de sentencia elaborado por el magistrado sandinista Francisco Rosales, porque el documento dejaba válido el decreto 3-2010 del presidente Daniel Ortega y vigente el segundo párrafo del artículo constitucional 201.
El proyecto de sentencia era para resolver un recurso que presentó la diputada Alba Palacios, de conflicto de competencia entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, para que la CSJ determine si el presidente Ortega estaba facultado para emitir el decreto 3-2010, con el cual pretende mantener ilegalmente en sus cargos a las autoridades de instituciones del Estado que tienen el período vencido.
La intención de los magistrados sandinistas con el proyecto de sentencia era que los ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra sean aceptados en Corte Plena por los liberales, pero estos últimos mantuvieron su posición de no reconocerlos.
En palabras de la magistrada Alba Luz Ramos, primera vocal de la CSJ, a los liberales “(los líderes del PLC) no les dieron permiso” de firmar el proyecto de sentencia.
La magistrada Ramos dijo que aún no convocará a conjueces para integrar Corte Plena, sino que dará una oportunidad más a los liberales, y el próximo miércoles se reunirán nuevamente.
El próximo miércoles ambos bandos de magistrados discutirán si es posible que en Corte Plena se resuelvan todas las causas que están en trámite en las diferentes salas de la CSJ (Penal, Constitucional, Civil y Contencioso Administrativo), por estar estas desintegradas.
Para los magistrados liberales uno de los inconvenientes sería que en esa “Corte Plena” que resolvería todas las causas judiciales siempre estarían presentes los ex magistrados Solís y Cuadra.
La magistrada Ramos indicó que de no haber solución el próximo miércoles, y quede claro que los liberales no están interesados en resolver la crisis interna que sufre la CSJ, entonces sí se verá obligada a llamar a los conjueces.
Los magistrados liberales exigen que la Corte Plena sea integrada únicamente por los 12 magistrados constitucionalmente electos, excluyendo a Solís y a Cuadra.
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