El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en una comparecencia pública en Caracas. LA PRENSA/AFP/MIGUEL GUTIERREZ

Nueva crisis entre Chávez y Uribe

Las relaciones colombo-venezolanas entraron ayer en una nueva crisis, con consecuencias como la llamada a consultas del embajador de Venezuela en Bogotá, a falta de poco más de tres semanas para el cambio de gobierno en Colombia.

BOGOTÁ/CARACAS/EFE

Las relaciones colombo-venezolanas entraron ayer en una nueva crisis, con consecuencias como la llamada a consultas del embajador de Venezuela en Bogotá, a falta de poco más de tres semanas para el cambio de gobierno en Colombia.

El embajador Gustavo Márquez viajó ayer a Caracas, 24 horas después de que el Gobierno colombiano saliente anunciara tener pruebas de la presencia de jefes de las guerrillas de su país en Venezuela y las presentara a medios locales. “Hemos llamado al embajador Gustavo Márquez para que venga a consultas en Caracas y se incorpore a la evaluación de una serie de medidas políticas y diplomáticas que se van a ir tomando en las próximas horas para rechazar la agresión del Gobierno colombiano”, informó el canciller venezolano Nicolás Maduro.

Hugo Chávez afirmó que Uribe, al que calificó de “mafioso”, está “empeñado en seguir gobernando” y quiere “impedir” que el presidente electo, Juan Manuel Santos, de su mismo partido y considerado su delfín político, “vuelva a establecer relaciones respetuosas con Venezuela”.

En este sentido, insistió en que su gobierno está dispuesto a establecer relaciones basadas en el “respeto” con el nuevo Gobierno que a partir del 7 de agosto próximo dirigirá Santos.

La Presidencia de Colombia emitió el jueves un comunicado en el que afirma que está estudiando plantear a los organismos internacionales las denuncias que ayer formuló el ministro Silva apoyado por fotos, vídeos y mapas presentados como pruebas.

DIÁLOGO PACIENTE, PERO INFRUCTUOSO

En la nota, el Gobierno de Colombia afirma que “durante seis años” ha mantenido un “diálogo paciente”, pero “infructuoso” con Venezuela sobre la presencia de “cabecillas terroristas” en ese país, lo que le lleva a “pensar nuevamente en acudir a las instancias internacionales”.

Como en muchas de las anteriores crisis diplomáticas entre Colombia y Venezuela, en el centro de ésta están las FARC, principal guerrilla de ese país, en armas desde hace más de 40 años.

Las autoridades venezolanas niegan tajantemente tener nexos con esa organización, pero las denuncias desde Colombia se suceden. De hecho, desde el 28 de julio de 2009 las relaciones bilaterales están “congeladas” por decisión de Chávez, que consideró irresponsables las acusaciones colombianas de que se había hallado en poder de guerrilleros de las FARC armamento comprado por las fuerzas militares venezolanas a Suecia.

El canciller Maduro informó ayer de la entrega de una nota de protesta en la embajada de Colombia en Caracas por “las mentiras, la olla podrida montada por el Gobierno de Uribe”.

El canciller sostuvo que siempre que Bogotá ha efectuado denuncias sobre la presencia de guerrilleros colombianos en territorio venezolano, tanto los militares como la Policía han comprobado en el sitio “la falsedad” de esos señalamientos.

El ex presidente Ernesto Samper y distintos analistas citados por medios colombianos también opinaron que se busca “obstaculizar” los intentos de normalizar los lazos bilaterales y criticaron la oportunidad elegida para presentar las supuestas “pruebas”.

El Gobierno de Estados Unidos, al que las autoridades venezolanas han vinculado con los supuestos intentos de Uribe por dañar las relaciones, subrayó ayer que Venezuela “tiene la obligación, como miembro de la ONU, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Unasur, de negar a grupos terroristas la capacidad de operar dentro de su territorio”.

Antes de tomar el avión con destino a Caracas, el embajador Márquez destacó la presencia del embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, en la rueda de prensa que ofreció la víspera el ministro colombiano de Defensa, Gabriel Silva. Agregó que se trata “de una acción donde se conciertan, de una parte la política de acción del departamento de Estado y lamentablemente el Gobierno del presidente Uribe”.

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