Ciudad del Vaticano/EFE
El Vaticano ha dado una vuelta de tuerca en su lucha contra los curas pederastas y ha aprobado nuevas y más duras normas, entre las que destaca la ampliación de 10 a 20 años del tiempo para denunciar los abusos y la inclusión del delito de posesión de pornografía infantil.
En las nuevas normas, presentadas hoy, también equipara los abusos contra discapacitados psíquicos adultos a los cometidos contra menores y establece que la Congregación para la Doctrina de la Fe pueda juzgar, previa orden del Papa, a cardenales, patriarcas y obispos por delitos contra la fe, la costumbre y la moral, en los que se incluye la pederastia.
Se trata de la puesta al día del documento «De Delicta Graviora, de 2001, anexo al motu proprio «Sacramentorum santictatis tutela», de Juan Pablo II, sobre los delitos más graves contra la moral y los sacramentos, entre ellos los abusos sexuales a menores por parte de clérigos.
El portavoz vaticano, el jesuita Federico Lombardi, subrayó que estas nuevas normas demuestran la decisión de la Iglesia de actuar «con rigor y con transparencia» para afrontar los casos de abusos sexuales de clérigos a menores, decenas de ellos ocurridos durante décadas en EEUU, Irlanda, Australia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda e Italia, entre otros países.
Aunque se trata de normas y sanciones exclusivamente internas a la Iglesia, Lombardi precisó que se da por descontada la colaboración con las autoridades civiles «y el cumplimiento de lo previsto por las leyes civiles» de cada país.
A este respecto, el Promotor de Justicia (fiscal) del Vaticano, el arzobispo Charles Scicluna, indicó que «hay que obedecer las leyes civiles sin esperar el éxito del proceso canónico».
Scicluna dijo también que el «secreto pontificio», es decir la confidencialidad de los procesos canónicos a los curas pederastas, jamás debe impedir la denuncia a las autoridades civiles.
De las nuevas normas destaca que, a partir de ahora, el tiempo para denunciar un caso de abuso sexual por parte de un sacerdote a un menor se amplía de 10 a 20 años y se equiparan los abusos contra discapacitados psíquicos adultos a los cometidos contra menores.
