BOGOTÁ/AP
La ex rehén Ingrid Betancourt retiró hoy un pedido para que el Estado le pague el equivalente a casi siete millones de dólares por daños y perjuicios por su largo secuestro a manos de las FARC.
La Procuraduría General de la Nación dijo que Juan Gabriel Devis Morales, abogado de Betancourt, se presentó este martes ante una oficina judicial administrativa de ese despacho para informar que desistía del pedido de «conciliación», o que de mutuo acuerdo se resolviera el pago.
El apoderado de Betancourt «manifestó que desiste de las conciliaciones administrativas extrajudiciales que promovió en contra de la Nación», dijo en un comunicado la Procuraduría o Ministerio Público.
Tras recibir el pedido del apoderado de Betancourt, se dieron «por terminados los trámites conciliatorios», agregó la Procuraduría.
Ni esa oficina ni el abogado de Betancourt comentaron las razones del retiro del recurso de pago.
El pedido de Betancourt, de doble nacionalidad colombo-francesa, fue presentado ante los ministerios de Defensa y del Interior el 30 de junio y trascendió a los medios el 9 de julio, desatando una avalancha de críticas desde el gobierno e incluso de sectores opositores, y también de medios de comunicación.
El domingo, en una entrevista desde Nueva York con la cadena colombiana de radio y televisión Caracol, Betancourt –que comparte su tiempo entre Estados Unidos y Francia– ya había anunciado su intención de no demandar, caso la conciliación fracasara, y aseguró que la cifra solicitada era «astronómica».
Betancourt, de 48 años, intentó además en la entrevista defenderse de unas de las principales críticas: que fue advertida por las autoridades de los riesgos de viajar a una zona del sur del país debido a la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que había combates con el ejército.
La entonces candidata presidencial viajó el 23 de febrero de 2002 a la zona del Caguán, al sur del país, y fue secuestrada por las FARC. Un comando militar la rescató junto a otros 14 cautivos el 2 de julio de 2008.
«Los hechos, los testimonios, los documentos, todo lleva a demostrar que no hubo una falla en el servicio por parte del Estado» en la seguridad de Betancourt, comentó el martes Camilo Gómez, quien fue comisionado de paz del gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002), y quien dijo que advirtió a Betancourt de no viajar al Caguán. Desistir del recursos legal fue «la única decisión que procedía», dijo Gómez en entrevista telefónica.
«La reacción de la opinión pública también tuvo que haber pesado en la determinación de retirar la conciliación», añadió.
