La sentencia del tribunal de Panamá que absolvió al ex presidente Arnoldo Alemán de los cargos por blanqueo de dinero, en vísperas de la celebración liberal del 11 de julio y de su proclamación como candidato presidencial por el PLC, ha sido un valioso premio para él y un fuerte incentivo a sus aspiraciones electorales.
En realidad, desde que el 15 de enero de 2009 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el voto de cuatro magistrados del PLC absolvió a Arnoldo Alemán de los cargos de fraude, peculado, lavado de dinero, delitos electorales y asociación para delinquir; y revocó la condena a 20 años de prisión que la juez orteguista Juana Méndez le impuso en diciembre de 2003, era de esperarse que la justicia panameña también lo absolviera. Al respecto es oportuno recordar que a mediados de enero de 2009, inmediatamente después que los magistrados liberales dictaron la sentencia absolutoria de Alemán —sin el voto pero con el consentimiento de los magistrados del FSLN en la Corte Suprema de Justicia—, los diputados del PLC votaron en la Asamblea Nacional para entregarle al Frente Sandinista y por lo tanto a Daniel Ortega, el control de la Junta Directiva del Poder Legislativo. Lo cual a partir de entonces le permitió a Ortega manipular el Parlamento en función de su primordial objetivo de concentrar todo el poder del Estado e instaurar su nueva dictadura.
Después de la sentencia de los magistrados del PLC que absolvieron a Alemán, la convicción de que la justicia panameña también lo absolvería aumentó por la evidente negligencia del gobierno orteguista en relación con el juicio de Panamá, al que no le dio seguimiento a pesar de su gran importancia pública y nacional. Era obvio que Ortega no tenía interés en esa causa judicial y es muy bien sabido que cuando a un juicio no se le da el seguimiento indispensable, inevitablemente se cae, se muere y/o se pierde.
Pero si bien es cierto que la absolución de la justicia panameña fue un premio para Alemán en vísperas de la proclamación de su candidatura presidencial, y que además le permitirá contar para su campaña política casi con tanto dinero como tiene Daniel Ortega para ese mismo fin, eso no significa que tal sentencia lo haya legitimado políticamente ante la ciudadanía nicaragüense.
Es cierto que a diferencia de Daniel Ortega —quien está inhabilitado constitucionalmente para ser otra vez candidato presidencial porque el artículo 147 de la Constitución prohíbe en forma expresa la reelección en períodos consecutivos y cuando ya se hubiera ejercido el cargo dos veces—, sobre el ex presidente Alemán no pesa ninguna inhibición legal. De conformidad con la Constitución Alemán tiene derecho de ser candidato para una nueva reelección presidencial, ya sea con primarias o por dedazo, de su partido PLC o de una alianza política electoral.
En realidad, las inhibiciones del ex presidente Arnoldo Alemán son de carácter político y moral. Las imputaciones por corrupción han pesado mucho en su pérdida de credibilidad política en el seno del pueblo nicaragüense, pero su mayor lastre radica en haberle facilitado a Daniel Ortega el triunfo presidencial, y por lo tanto la imposición del actual régimen autoritario que avanza como aplanadora hacia la consolidación de una nueva dictadura. Habría que preguntarse, entonces, si la sentencia de Panamá cambiará positivamente la percepción pública sobre Alemán ; y si podría remontar su baja calificación política con la gran cantidad de dinero que le devolverá Panamá y que gastará en su campaña electoral.
Pero mucho más importante y difícil que eso es que los ciudadanos demócratas puedan confiar en que el expresidente Alemán no volverá a pactar con Daniel Ortega, para conservar sus cuotas de poder y sus privilegios, sin importarle fortalecer el proyecto dictatorial orteguista que ya tiene casi de rodillas a la endeble e indefensa democracia nicaragüense.
Alemán y los suyos insisten en negar cualquier tipo de culpa o responsabilidad por la restauración del poder dictatorial orteguista. Alegan que no fue por el pacto ni por la cláusula constitucional del 35 por ciento de los votos para triunfar en la elección presidencial, que Ortega ganó los comicios del 2006, sino por la división liberal. Pero esa división fue provocada precisamente por el pacto, cuyas consecuencias han sido tan catastróficas y nefastas que siguen dividiendo a los liberales y motivando la desconfianza en toda la población democrática.
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