El debate nacional más importante en Nicaragua, actualmente, gira alrededor de diversos temas jurídicos. Por ejemplo, se cuestiona y defiende la validez del decreto dictado por Daniel Ortega en enero de este año, conocido como “el decretazo”, mediante el cual ordena a los magistrados y otros altos funcionarios estatales elegidos por la Asamblea Nacional, que se mantengan en los cargos después de concluir sus períodos, hasta que sean reelectos o reemplazados por el Poder Legislativo.
Se discute también si es válida o no la resolución dictada en octubre del año pasado por seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia, todos ellos pertenecientes al bando del FSLN, en la que se arrogan la facultad de suspender el artículo 147 de la Constitución —el cual prohíbe la reelección presidencial en períodos consecutivos y cuando se hubiera ejercido el cargo dos veces— a fin de facilitar una nueva candidatura de Daniel Ortega.
Y se debate igualmente la vigencia —que alegan los partidarios de Ortega— o la caducidad desde hace más de veinte años —como sostienen representantes de la oposición y juristas independientes—, de la disposición transitoria que se estableció en la Constitución de 1987 para que los magistrados y otros altos funcionarios del Estado que habían sido nombrados por la Junta de Gobierno y el Consejo de Estado sandinistas, permanecieran en sus cargos hasta que fueran confirmados o escogidos sus reemplazos bajo las nuevas reglas constitucionales.
Por otro lado, se polemiza si los magistrados de la Corte Suprema que obedecen a Daniel Ortega, pueden mediante un acuerdo de ellos mismos convocar a los conjueces para sustituir en general a los magistrados liberales, o si esos suplentes judiciales sólo podrían ser convocados hasta que haya una ley que regule la correspondiente disposición constitucional.
Y se discute, en fin, si el Poder Judicial está en crisis y si la Corte Suprema está desarticulada porque no ha podido elegir sus autoridades internas, ni organizar sus salas, o si reina la normalidad porque los tribunales y juzgados están funcionando sin problemas.
Sin duda que son muy importantes todos esos problemas jurídicos y legales que están en discusión. Inclusive, las escuelas de derecho del país podrían extraer de este debate los insumos para novedosos cursos sobre aberraciones jurídicas, como por ejemplo la resurrección de disposiciones constitucionales transitorias, reforma de la Constitución mediante decretos del Ejecutivo, suspensión de una norma constitucional mientras se realiza una campaña electoral a fin de beneficiar a un aspirante a la reelección presidencial, etc.
Además, el debate jurídico que hay actualmente en Nicaragua se podría aprovechar para ampliar el estudio de la “jurisprudencia de la infamia”, la cual fue creada por los tribunales nazifascistas en los años treinta y cuarenta del siglo pasado y está siendo renovada aquí, en las condiciones de una república bananera tropical, por los magistrados orteguistas .
A propósito de esto, cabe hacer mención de que una magistrada extranjera participante en la conferencia iberoamericana de “justicia constitucional”, realizada esta semana en Managua, declaró a los periodistas que “por lo que se ve los tribunales están funcionando en Nicaragua”. Eso se interpretó como una trivialización de la crisis judicial que hay en el país y de las denuncias que han hecho juristas nicaragüenses, del atropello que precisamente contra la justicia constitucional están perpetrando los magistrados orteguistas.
Formalmente tiene razón la magistrada extranjera. Pero también en la Alemania nazi y en la España franquista funcionaban los tribunales, para negar la justicia, atropellar el derecho y eliminar la libertad. Aquellos tribunales funcionaban pero para aplastar al individuo y ultrajar la dignidad humana. Igualmente funcionan ahora los tribunales en Cuba, Irán, Corea del Norte, Zimbabwe, Venezuela y demás países que están dominados por férreas dictaduras y en donde lo que menos existe y se respeta es la justicia.
En realidad, el gran problema actual de Nicaragua no es que los tribunales funcionen o no. Eso es lo de menos. El problema fundamental radica en que Daniel Ortega está imponiendo una nueva dictadura, auxiliado por una administración de justicia politizada, partidista y corrupta. De manera que la verdadera batalla que se está librando en este país no es jurídica. Es una batalla política contra la nueva dictadura que está tratando de imponerse. Y el Poder Judicial es sólo uno de los escenarios en los que se libra esta trascendental batalla por la libertad y la democracia, y por lo tanto por la justicia.
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