BUENOS AIRES/EFE
Un tribunal de Argentina comenzó a juzgar ayer al ex dictador Jorge Videla, de 84 años y enfermo de cáncer de próstata, por el fusilamiento de una treintena de presos en 1976, en un proceso considerado por organismos humanitarios como el más importante después del histórico juicio a las Juntas Militares en 1985.
Junto a Videla, el primero de los cuatro presidentes de la última dictadura (1976-1983), se sientan en el banquillo de los acusados otros 24 imputados. Todos deberán responder ante el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba por los delitos de “homicidio calificado” y “aplicación de torturas”.
Los hechos imputados ocurrieron entre abril y octubre de 1976, cuando la dictadura fusiló a una treintena de presos con el falso argumento de que habían intentado fugarse de la Unidad Penitenciaria de San Martín. Las víctimas fueron detenidas antes del golpe de Estado de 1976 que dio paso al régimen militar bajo los cargos de promover actos subversivos.
Durante la primera jornada del proceso, el dictador trató de hacer uso de la palabra, pese a que el juicio se encuentra en una instancia en la que los acusados no pueden pronunciarse. Además, el tribunal pidió a familiares de los acusados que retiraran una bandera argentina que habían introducido en la sala y a familiares de los desaparecidos que taparan las fotografías de las víctimas que exhibían en sus camisetas para evitar “roces”.
“En el proceso quedará en evidencia el consentimiento que hubo con este plan de aniquilamiento por parte de poderes de la sociedad civil que apoyaron y actuaron en consecuencia”, destacó el fiscal Carlos Gonella. En ese sentido, consideró que en esa “complicidad” con la dictadura se apuntaron “representantes de la Iglesia y de los poderes judicial, político y económico”.
El abogado querellante Martín Fresneda, de la agrupación Hijos, calificó de “histórico” el juicio, al señalar a Jorge Videla “como uno de los principales responsables del terrorismo de Estado en Argentina”.
Sonia Torres, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, subrayó la importancia del proceso porque “cada juicio es una llamita de esperanza para conocer el destino de los niños apropiados por la dictadura”, que dejó unos 30,000 desaparecidos.
Este juicio supone para el dictador su regreso al banquillo de los acusados tras 25 años.
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