La defensa del voto lo vale todo. Así lo entiende Hugo Barquero, el destituido alcalde de Boaco, quien ayer aseguró que continuará su lucha cívica en su municipio, llamando a la desobediencia civil, y ante las demás instancias, denunciando las ilegalidades.
Barquero se reunió ayer con los diputados Agustín Jarquín, aliado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y Pedro Joaquín Chamorro, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), quienes pertenecen a la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios.
El removido alcalde llamó al parlamento a por lo menos pronunciarse en su caso y en el de otros funcionarios municipales removidos irregularmente.
“La lucha que sigue es la lucha local, que es ir a las calles, a la desobediencia civil, que es protestar en las calles haciendo plantones y marchas, tocando cacerolas, tocando el pito de los carros; y el mercado municipal ya se ha levantado y no va a pagar impuestos”, sostuvo ayer Barquero.
QUEJAS A TODO NIVEL
El político liberal recordó que ya introdujo un recurso de amparo ante el Poder Judicial y adelantó que visitará distintas embajadas y programas de cooperación, como la alemana GTZ, para denunciar su remoción.
Para Barquero, las consecuencias de su destitución son “la ilegalidad, la falta de respeto y la inconstitucionalidad”.
“Contra eso estamos luchando, para que se respeten y nuestros hijos puedan vivir en paz y libertad. Primero son las alcaldías (lo que quitan), después serán las propiedades de nuestros hijos. Esta gente está usurpando hasta el voto de nuestro pueblo”, advirtió Barquero.
El diputado Chamorro explicó que la comisión legislativa podría emitir una resolución y enviarla a plenario, para su discusión.
OTRA MÁS DEL PODER ELECTORAL
Jarquín reiteró que el Consejo Supremo Electoral (CSE) tiene tres semanas sin responder a una solicitud del parlamento, relativa a la documentación de los alcaldes y concejales que han sido destituidos en las últimas semanas.
El también presidente de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios afirmó que, al retener la documentación, el CSE “obstaculiza” el trabajo legislativo y además viola la Ley de Acceso a la Información Pública.
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