Las personas que destituyeron al alcalde de Boaco, Hugo Barquero, justificaron su decisión acusándolo de incumplir los acuerdos del Concejo, no rendir cuentas sobre el uso de los fondos de la Alcaldía y no convocar a cabildos municipales para informarle directamente a la población. Sin embargo, el alcalde destituido rechazó tales imputaciones y atribuyó su destitución a una conspiración del régimen de Daniel Ortega y el FSLN, para apoderarse del gobierno municipal de Boaco que es la cabecera de un departamento bastión del electorado democrático del país.
En realidad, según la Ley de Municipios y la Constitución Política de Nicaragua, cualquier alcalde puede ser destituido a pesar de haber sido elegido directamente por el pueblo en su correspondiente ámbito municipal. Sin embargo, la destitución de un alcalde significa una drástica revocación por vía administrativa del mandato electoral otorgado por el pueblo, y por lo tanto tiene que haber motivos debidamente comprobados y juzgados, de conformidad con las causales de destitución que están establecidas en la Constitución y en la ley.
A ese respecto el artículo 178 de la Constitución señala con toda claridad que el Alcalde, el Vicealcalde y los concejales, únicamente pueden perder su condición sólo por renuncia, muerte, condena a prisión mediante sentencia firme, condena de inhabilitación para ejercer el cargo, abandono de sus funciones, ser concesionario del Estado o representante de empresas públicas o privadas en contrataciones con el Estado, incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes ante la Contraloría antes de asumir el cargo, y haber sido declarado culpable de malos manejos de los fondos de la Alcaldía “según resolución de la Contraloría General de la República”. Por su parte, la Ley 40 o Ley de Municipios, en su artículo 24 sólo repite las causales establecidas en la Constitución para quitarle su condición de alcalde a quien hubiera sido elegido popularmente para ejercer ese cargo.
De manera que es preciso verificar si el alcalde de Boaco fue destituido de conformidad con las causales consignadas en la Ley de Municipios y en la Constitución, o si, por el contrario, ha sido otro flagrante atropello a la legalidad constitucional. Como evidentemente es, en efecto, pues quienes destituyeron al alcalde Barquero no demostraron que éste cometió los delitos y faltas señaladas en la Constitución y en la ley como causas de destitución. Y tampoco respetaron su derecho humano y constitucional al debido proceso, si es que tenían algo de qué acusarlo y suficiente razón para destituirlo legalmente.
En realidad, la destitución del alcalde de Boaco ha sido un vulgar atropello a los derechos individuales del destituido, una nueva y flagrante violación a la Constitución y la ley, un golpe contra la autonomía municipal y un menosprecio absoluto a la voluntad de los ciudadanos, que votaron mayoritariamente en las elecciones municipales del 2008, para que el señor Hugo Barquero fuera su alcalde durante cuatro años.
Además, la destitución del alcalde de Boaco es otro intento de Daniel Ortega de avanzar hacia la instauración de una nueva dictadura en Nicaragua. La verdad es que ya sea robándose las elecciones, o tomándose las alcaldías democráticas a través del chantaje y el soborno, o promoviendo la traición a la voluntad popular de algunos falsos demócratas, avasallando inclusive a algunos alcaldes sandinistas por motivos que sólo ellos conocen, Daniel Ortega está caminando a paso firme en el propósito de asegurar su siguiente reelección presidencial el próximo año, a pesar de que la Constitución la prohíbe expresamente.
A los gobiernos municipales verdaderamente autónomos que aún quedan en el país, así como a los partidos y movimientos políticos democráticos, les resulta muy difícil contener el ímpetu totalitario de Daniel Ortega y su maquinaria política. Esto se debe a que Ortega tiene a su disposición la mayor parte del poder estatal, gracias al pacto con Arnoldo Alemán; a que maneja cuantiosos recursos económicos provenientes de la cooperación venezolana, que le permiten comprar a falsos demócratas que traicionan a los ciudadanos que confiaron en ellos y los eligieron para ejercer los cargos públicos en nombre del pueblo, no para que se pusieran al servicio de Daniel Ortega.
Y eso seguirá ocurriendo y Daniel Ortega continuará imponiendo su nueva dictadura, mientras los ciudadanos demócratas no se movilicen para impedirlo y lo pongan en el lugar que se merece.
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