En nuestra edición del lunes de esta semana, en la información principal de portada que fue titulada “Orteguistas de CSJ suman ilegalidades”, se mencionó que durante los días 7, 8 y 9 del mes de julio entrante se realizará en Nicaragua una Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas de Justicia.
De acuerdo con esa información, la próxima celebración en Managua de esa Cumbre judicial motiva “el apuro de los magistrados orteguistas en la CSJ (para) dar una imagen de seriedad y armonía, pretendiendo tapar sus atropellos al Estado de Derecho ” Eso es porque tal Cumbre sería inaugurada por Daniel Ortega, de manera que los magistrados orteguistas quieren que cuando se instale ese evento judicial internacional, la Corte Suprema de Justicia esté o aparente estar en una situación de normalidad.
Pero Daniel Ortega y sus comisarios judiciales quieren normalizar la situación en la Corte Suprema, a la brava, no por medio del respeto a la legalidad constitucional y a la decencia política, sino por la vía contraria, es decir, mediante el atropello a la Constitución y la ley, y a través del avasallamiento a todo lo que se oponga a sus arbitrariedades, inclusive a sus hasta hace poco buenos amigos y mejores socios en el pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega, que le dio a éste el control de la mayor parte y ahora prácticamente de todo el poder del Estado.
En realidad, si Daniel Ortega y la cúpula del FSLN quisieran resolver de manera honorable y democrática la crisis institucional del país, bastaría con que le ordenaran a sus diputados en la Asamblea Nacional que se reúnan con los comisionados de la oposición parlamentaria, y que procedan de inmediato a nombrar o elegir —mediante el indispensable consenso que manda la Constitución— a los magistrados electorales y los judiciales que están vacantes, para que se normalice el funcionamiento tanto del Consejo Supremo Electoral como de la Corte Suprema de Justicia. Y una vez completado el número de los magistrados judiciales, hacer que éstos se reúnan en Corte Plena y procedan a elegir sus autoridades internas y operativas, de acuerdo con lo que establecen sus normas reglamentarias de funcionamiento.
Pero no es por la vía democrática y decente (en el sentido de “dignidad en los actos y en las palabras, conforme al estado o calidad de las personas” y de las instituciones), o sea por medio del respeto a la Constitución y la ley, que Daniel Ortega quiere que se normalicen la Corte Suprema de Justicia y demás instituciones del Estado, sino a través de la imposición de su poder autoritario, de su empecinamiento dictatorial, del atropello a todo y a todos los que se opongan a su desvarío ideológico y desborde político dictatorial.
Ahora bien, sin duda que la mayor parte de los magistrados de las Cortes Supremas de Justicia Iberoamericanas que se van a reunir en Managua a principios del próximo mes de julio, son personas de derecho, juristas íntegros que administran con honestidad y equidad el Poder Judicial que los pueblos han depositado en sus manos. Y que por lo tanto, tiene que causarles repugnancia la barbaridad que el poder político autoritario y desenfrenado de Nicaragua está haciendo aquí con la justicia, el derecho, la constitucionalidad, la ley y el honor judicial.
De manera que los magistrados nicaragüenses que no son orteguistas, tienen que aprovechar la realización de esa Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas de Justicia en Managua, para denunciar internacionalmente la atrocidad jurídica que se está cometiendo en Nicaragua, y la insólita pretensión de los magistrados orteguistas de convertir sus aberraciones judiciales y políticas en actos legales y base de legitimidad.
Los juristas democráticos y honestos de Nicaragua y de cualquier parte del mundo, tienen razón cuando aseguran que las arbitrariedades políticas y los abusos que se cometen en la administración de justicia, igual que los errores judiciales, no crean jurisprudencia, o sea que no se pueden convertir en fuente de derecho ni adquirir fuerza de ley. Pero eso es en países democráticos que son gobernados por personas normales, donde la gente y ante todo los gobernantes se someten a la Constitución y nadie está por encima de la ley; naciones donde la justicia se administra con imparcialidad, independencia, equidad y honestidad. Lo cual no es el caso de Nicaragua, extraño país donde existe la jurisprudencia de la infamia judicial.
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