Tomado de EL UNIVERSALCaracas, Venezuela
Sus pronunciamientos en rechazo a las últimas medidas judiciales adoptadas en Venezuela contra periodistas y propietarios de medios de comunicación le han valido a Catalina Botero, de parte de las autoridades venezolanas, las acusaciones de proteger los intereses de la “dictadura mediática” y de ser “militante activa contra los gobiernos disidentes del poder imperial”.
Sin embargo, la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la colombiana Catalina Botero, rechaza esos señalamientos y asegura que su único interés es que “Venezuela y los otros gobiernos de la región garanticen y protejan el derecho a la libertad de expresión de todos sus habitantes, sin discriminación”.
En entrevista, la jurista reiteró a El Universal su preocupación por la situación en la que los comunicadores deben ejercer su función y por los efectos que eso puede generar en la libre difusión de opiniones a menos de tres meses de las elecciones legislativas venezolanas.
El presidente Hugo Chávez afirmó en una entrevista con la BBC de Londres que “en Venezuela la prensa es 100 veces más libre que en EE.UU.” Visto lo ocurrido en los últimos meses (detención de Oswaldo Álvarez por emitir unas declaraciones, la recondena contra un periodista por informar sobre casos de corrupción y la orden de arresto contra el presidente de Globovisión), ¿usted considera que eso es así?
La afirmación la realizó el ex relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y jurista venezolano Ignacio Álvarez.
“En este contexto electoral los ataques a la libertad de expresión son preocupantes, porque tienen el objetivo de que las personas dejen de recibir información que sea negativa para el Gobierno y en consecuencia las elecciones no se pueden considerar ni libres ni justas, porque la gente no está teniendo acceso adecuado a la información”, aseveró.
El jurista dejó en claro que la orden de captura contra Guillermo Zuloaga y la intervención del Banco Federal, propiedad de Nelson Mezerhane; o la condena contra el columnista del diario El Carabobeño, Francisco Pérez, buscan silenciar a los medios que vienen denunciando escándalos como el de los alimentos que se dañaron en las aduanas.
“El Gobierno (de Hugo Chávez) busca una hegemonía comunicacional para lograr que los ciudadanos tengan una imagen positiva o neutra de su gestión y eso tiene un efecto en las elecciones, pues la gente vota de acuerdo con la información que tiene”, explicó.
Para el ex relator de la CIDH, el anuncio presidencial de que las acciones que Mezerhane tiene en Globovisión pasarán a manos del Estado, debido a la intervención del Banco Federal, es similar a lo que le ocurrió a Baruch Ivcher, propietario de la estación Frecuencia Latina en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori.
A Ivcher le arrebataron la dirección de la estación bajo el argumento de que obtuvo ilegalmente la nacionalidad peruana. La Corte Interamericana determinó que la acción fue ilegal y ordenó que le regresaran la estación, lo cual ocurrió tras la caída de Fujimori.
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En Venezuela existe una situación particularmente difícil en materia de libertad de expresión que ha quedado explicada en los distintos informes publicados y en los comunicados emitidos tanto por la Comisión Interamericana como por la Relatoría Especial.
Los procesos contra Guillermo Zuloaga y Nelson Mezerhane, accionistas de Globovisión ambos, representan para muchos en Venezuela un intento del Gobierno por silenciar a esta televisora crítica del presidente Chávez. ¿Qué opina usted al respecto?
Hemos solicitado información al Estado. Nos preocupa particularmente que estas decisiones hayan sido adoptadas en un contexto en el cual existen constantes ataques verbales de altos funcionarios contra el canal por razón de su línea editorial, así como agresiones de particulares afectos al Gobierno contra los periodistas de dicho medio, sin que podamos ver sanciones adecuadas por tales actos de agresión. Hace un par de meses Zuloaga fue retenido por haber hecho declaraciones contra el presidente de Venezuela y pocos días antes de esta última el propio presidente venezolano cuestionó públicamente a la justicia por permitir que Zuloaga estuviera libre. A este respecto, es importante recordar que la aplicación del Derecho penal por delitos no vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión puede constituir una violación de este derecho si se demuestra que lo que se persigue es una forma de censura indirecta para castigar a los críticos o silenciar la disidencia. Como lo viene diciendo desde hace más de una década la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión protege la libre circulación de todas las opiniones e ideas, así éstas resulten chocantes o perturbadoras para los funcionarios públicos o para una parte de la sociedad. Ésas son justamente las exigencias de una sociedad pluralista y democrática.
El embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la acusa de ser un agente de Estados Unidos y asegura que su intervención ante una Comisión del Congreso de los Estados Unidos es la mejor demostración de esa situación. ¿Qué responde usted?
Si la Asamblea Legislativa de cualquier Estado de la región me invita a hablar de nuestro informe anual, iré con gusto a esa invitación. Ésa es una de las tareas de la Relatoría.
¿Tiene algún interés particular en el caso venezolano? ¿Es enemiga del presidente Chávez?
El único interés de la Relatoría Especial es que el Gobierno de Venezuela y los otros gobiernos de la región garanticen y protejan el derecho a la libertad de expresión de todos sus habitantes, sin discriminación.
Usted afirmó ante el Congreso de EE.UU. que Venezuela está corriendo rápido hacia “unos límites intolerables” en materia de libertad de expresión. ¿Qué podemos esperar en el corto plazo?
Hemos enviado al Gobierno de Venezuela los argumentos en los que sustentamos nuestra posición y esperamos poder tener un diálogo con ellos, para adoptar las medidas del caso que conduzcan a la protección de la libertad de expresión en ese país.
A pesar de los ataques a periodistas, los procesos contra directivos de medios, las negativas a suministrar información pública, en Venezuela muchos no entienden por qué se dice que la libertad de expresión está en riesgo, pues todavía pueden emitir opiniones en las calles, restaurantes o en el seno de su familia sin que ocurra nada. ¿Qué les diría usted a esas personas?
Cuando a un periodista lo condenan a una multa millonaria, a pena de prisión y le prohíben ejercer el periodismo porque ha hecho una denuncia de corrupción contra un funcionario público; cuando a una persona la meten a la cárcel por criticar a funcionarios de su país; cuando hay niveles importantes de riesgo sobre la integridad de periodistas, por razón de la línea editorial que tienen y a éstos se suman las estigmatizaciones que provienen de los más altos funcionarios públicos; cuando las más altas autoridades amenazan con cerrar medios de comunicación críticos; o cuando el Estado usa sus facultades para sancionar de manera directa o indirecta la divulgación de ideas o informaciones contrarias a sus intereses, hay una vulneración del derecho a la libertad de expresión.
Nuestra tarea es poner de presente estos hechos justamente para que la gente, en las calles o en sus casas, pueda seguir opinando de manera libre e informada sobre los asuntos que le interesan.
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