La Asamblea Nacional publicó en el Diario Oficial La Gaceta del pasado 14 de junio, la Ley 720, Ley del Adulto Mayor, que en teoría establece el marco jurídico de protección y garantías para los adultos mayores en general.
No obstante, algunos de los beneficios que plantea la ley cubren únicamente a los adultos mayores jubilados, es decir, los que reciben una pensión por parte del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El segundo párrafo del artículo 7 de la legislación es claro en definir que “el adulto mayor pensionado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, tendrá descuento del 50 por ciento en el pago sobre el monto total de las facturas de los servicios de energía eléctrica, 30 por ciento en el pago de agua potable y 20 por ciento en el pago por servicios telefónicos convencionales”.
Este artículo deja completamente desprotegidos a más de 480 mil personas mayores de 60 años que hay en el país, entre ellas a los miembros de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), que además siguen en su lucha por conseguir las pensiones reducidas.
Al principio se anunció que todos los nicaragüenses mayores de 60 años serían cubiertos por la Ley, pero luego se aclaró que era para los jubilados por el INSS, lo que causó escozor en algunos sectores, sobre todo de los adultos que no cuentan con una pensión.
“La ley era general para todos los adultos, eso era lo que se había aprobado el día que estuvimos en la Asamblea Nacional, pero en la publicación general los beneficios fueron sólo para los pensionados”, se quejó Porfirio García, presidente de la Unión Nacional del Adulto Mayor.
NUEVO ORGANISMO
La ley, que se publicó el lunes, pero que entrará en vigencia hasta dentro de tres meses, ordena al Estado la creación del Consejo Nacional del Adulto Mayor (Conam), integrado por entidades como el Ministerio de Salud, el INSS, la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic), representantes de la empresa privada, entre otros, a fin de garantizar un adecuado acceso a la salud, a la educación y a la inclusión en programas y proyectos que ejecutan las instituciones públicas o privadas.
También establece la creación del Fondo Nacional del Adulto Mayor, que será administrado por el Ministerio de la Familia (Mifamilia) para la ejecución de proyectos específicos.
El fondo tendrá como una de sus fuentes de financiamiento las utilidades de al menos un sorteo anual de la Lotería Nacional, aunque también puede recibir transferencias presupuestarias u otro tipo de donaciones.
PROMESAS EN PAPEL
Aún hace falta que el presidente Daniel Ortega dicte el reglamento de la Ley del Adulto Mayor, para ver qué beneficios pueden lograr quienes no están jubilados por el INSS.
Sin embargo, García asegura que todos los beneficios contenidos en la ley son promesas en papel e indicó que están esperando que se publique el reglamento para pedir una entrevista con la ministra de la Familia, Marcia Ramírez.
“A los adultos que cotizamos y no tenemos pensión, en nada nos está protegiendo (la nueva ley). De hecho nosotros seguimos en los mismos problemas”, puntualizó García.
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