La reforma a la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua (BCN) tomó prioridad ayer en la Asamblea Nacional, que la podría aprobar antes del mes de julio para que el Gobierno llegue con los compromisos cumplidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En la segunda quincena de julio, el FMI hará la cuarta y quinta revisiones del programa macroeconómico de Nicaragua, y eso permitiría el desembolso de 36 millones de dólares de parte del organismo internacional.
Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica, dijo a LA PRENSA que ante el nuevo entendimiento con el FMI los diputados retomarían como prioridad la reforma a la Ley Orgánica del BCN, que es parte de la agenda complementaria del programa.
Pero concretarla podría implicar un camino difícil, sobre todo por la independencia que se le pretende dar a quien ocupa la presidencia del Banco Central, para que “no responda a los intereses partidarios” del Presidente de la República. Supondrá también una nueva manera de integración de su Consejo Directivo.
De acuerdo con el texto de la iniciativa de Ley, los cambios incluyen que el período de permanencia del presidente del Banco sigan siendo de cinco años, pero que “su período no coincida” con el del mandatario del país.
Con ello, el nombramiento “iniciará y concluirá en la mitad del mandato del Presidente” de turno, quien seguirá teniendo la potestad de decidir a quien nombra en el cargo, pero éste será ratificado por la Asamblea.
El objetivo es “garantizar la continuidad de las políticas monetarias sin que se vean afectadas por los cambios de gobierno”, según la iniciativa.
DOBLE FILO
Francisco Aguirre Sacasa, diputado liberal y miembro de la Comisión, respalda ese cambio, pero dijo que “sería una espada de doble filo”.
“La ventaja es que si se cuenta con una persona como Antenor Rosales, quien ha demostrado gran independencia y responsabilidad en la conducción sana de la situación macroeconómica, no dependa del mandatario para su reelección, le daría mayor independencia”, explicó Aguirre.
Pero, agregó, “a lo mejor en el futuro se puede nombrar a uno que necesitaría de mayor apoyo institucional orgánico, para que alcance esa independencia, para que no responda a intereses políticos”.
La iniciativa de Ley también contempla que en caso de que expiren los períodos del Presidente o cualquier miembro del Consejo Directivo del BCN, sin que hayan nombrado sus reemplazos, los mismos permanecerán en el cargo.
El Consejo estaría integrado por el presidente, el Ministro de Hacienda y cuatro miembros, más cuatro suplentes para que la entidad funcione con normalidad en caso de renuncia o destitución de uno de sus titulares.
Diputados liberales consideran que la Asamblea enfrentará una fuerte presión del FMI, este mes, para que cumpla los nuevos compromisos asumidos por el Ejecutivo.
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