El sábado pasado, en el editorial titulado “Sociedad civil en la OEA” señalamos que en la Cuadragésima (40) Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (la cual se realizó en Lima, Perú, del 6 al 8 de junio corriente), se discutiría una propuesta para que la OEA sólo reconozca a las organizaciones de la sociedad civil que sean aceptadas por los gobiernos, de acuerdo con la legislación nacional de cada país.
Hasta ahora la OEA ha permitido que en sus asambleas y otros foros importantes participen representantes de las organizaciones cívicas de los países miembros y ONG de dimensión internacional. Sin embargo, el Gobierno de Bolivia —respaldado por otros gobernantes hostiles a la democracia, como los de Venezuela y Nicaragua— propuso a la Asamblea General de la OEA la aprobación de unas “Nuevas Estrategias para Incrementar y Fortalecer la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la OEA”, con las cuales se pretendía en realidad restringir el reconocimiento sólo a organizaciones de la sociedad civil autorizadas por los Estados miembros.
Sin embargo, también informamos en el editorial antes citado, que la excluyente propuesta boliviana era “rechazada por los gobiernos democráticos de El Salvador, Brasil, Chile, Canadá y Estados Unidos, así como por reconocidas y autorizadas organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo Transparencia Internacional y Freedom House”. Y advertimos que los miembros democráticos de la OEA no debían permitir “que los gobernantes autoritarios no sólo restrinjan y prohíban el derecho de participación democrática dentro de sus países, sino que también lo hagan a nivel internacional”.
Afortunadamente la excluyente propuesta del gobierno de Bolivia fue rechazada por la Asamblea General de la OEA. Esto tiene que considerarse como una victoria democrática, pues si bien es cierto que la participación de la sociedad civil en los foros de la OEA es testimonial y carece de fuerza vinculante, sin embargo el sólo hecho de contar con un foro internacional para denunciar a los gobernantes antidemocráticos, tiene una gran importancia para quienes luchan en condiciones precarias por la defensa de la libertad y la democracia. Y en efecto, esa importancia quedó demostrada en la misma Asamblea General de la OEA realizada esta semana en Perú, en la que dos representantes de la sociedad civil de Nicaragua interpelaron públicamente al Secretario General, José Miguel Insulza, por su pasividad ante las violaciones de Daniel Ortega a la Carta Democrática Interamericana.
Por cierto que en la misma Cuadragésima Asamblea General de la OEA, se aprobó una resolución titulada “Promoción y Fortalecimiento de la democracia: Seguimiento de la Carta Democrática Interamericana”, y en sólo el primer párrafo de esta resolución se acuerda: “Reconocer el importante papel de la participación de todos los sectores de la sociedad, incluida la sociedad civil, en la consolidación de la democracia y que dicha participación constituye uno de los elementos vitales para el éxito de las políticas de desarrollo y, en ese sentido, encomendar al Consejo Permanente que convoque a una sesión extraordinaria con la participación más amplia de todos los sectores de la sociedad, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con las “Directrices para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA”, aprobadas por el Consejo Permanente mediante la resolución CP/RES. 759 (1217/99), a fin de examinar los aportes de estas organizaciones al fortalecimiento de la cultura democrática en el Hemisferio, de conformidad con el artículo 26 de la Carta Democrática Interamericana, así como los temas, resultados y recomendaciones de las reuniones celebradas en la OEA en marzo de 2008 bajo el lema “Cooperando con la sociedad civil”.
Sin embargo, es bien sabido que en la OEA no sólo se pone de cal sino también de arena. De manera que en la mencionada resolución de la Asamblea General de la OEA se reitera que “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado”. Y esto significa de hecho una autorización a gobernantes como Hugo Chávez y Daniel Ortega, para que atropellen las instituciones democráticas de sus países sin que nadie pueda ni se atreva a actuar de alguna manera contra ellos.
A pesar de eso, a falta de mejores recursos habrá que seguir invocando la Carta Democrática Interamericana, en la lucha por la libertad y la democracia y la denuncia internacional de los atropellos dictatoriales de Daniel Ortega en Nicaragua.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
