Por Elízabeth Romero
Representantes de organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales criticaron hoy la posición que mantuvo Nicaragua en cuanto a varios puntos pendientes, de las recomendaciones efectuadas en el mes de febrero pasado relativo al Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU); en Ginebra.
Tanto el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), como Amnistía Internacional se declararon sorprendidos porque el Estado de Nicaragua insiste en la penalización del aborto terapéutico, se niega a adherirse al Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, al tiempo que no se hace responsable por los señalamientos de agresión en contra de los defensores de derechos humanos.
Para la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, quien junto a Mauro Ampié, funcionario de ese organismo viajaron a Ginebra en espera de conocer el informe del Estado de Nicaragua, consideró que “el Estado de Nicaragua ha subestimado totalmente la importancia del más alto foro de derechos humanos en el mundo. No mandó a presentar el informe a ningún delegado de alto nivel, sino que quien leyó la información fue el embajador Carlos Robelo”.
A criterio de Núñez la intervención de Robelo fue “bien preocupante”, además alejada de la realidad.
En cuanto a los señalamientos por la penalización del aborto terapéutico, para Núñez es “un abuso de parte del gobierno porque estando pendiente un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ellos están invadiendo la competencia del Poder Judicial, no tenían facultad de pronunciarse mientras la Corte no haya resuelto”.
Por su parte, Amnistía Internacional a través de un comunicado refiere que esa organización “está muy decepcionada tras el rechazo de Nicaragua de las recomendaciones realizadas por 12 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos relativas al cambio o reforma de la total prohibición del aborto”.
“En tanto la prohibición del aborto permanezca, las víctimas de violación e incesto – muchas de ellas niñas – son obligadas a dar a luz, o poner en riesgo su salud y ser llevadas a prisión, si buscan el aborto ilegal. Otra consecuencia de la prohibición total del aborto es que los profesionales médicos, con miedo a ser acusados, retrasan o deniegan tratamientos médicos para salvar las vidas de las mujeres y niñas que sufren complicaciones durante el embarazo”, señala Amnistía Internacional.
Pero lo que para Núñez fue considerado “el cinismo más grande”, fue la respuesta del Estado en lo relativo al tema de los defensores de derechos humanos, al alegar que “no se hacen responsables de nada, porque las agresiones que los defensores sufrimos son hechas por particulares y el Estado no tienen nada que ver (…) olvidándose que son los CPC, que son los grupos de choque organizados con sus propias fuerzas”, quienes les agreden.
Núñez no descarta que la situación en el país pueda agravarse, dado la amenaza del representante del Estado de Nicaragua en contra de todo lo que es sociedad civil, “prácticamente dice que todos los defensores (..) pueden actuar libremente en Nicaragua, pero no están dispuestos a permitir que organizaciones extranjeras actúen en Nicaragua porque es una cuestión de soberanía”.
La apreciación de Núñez es de que en esa afirmación incluyen a defensores de derechos humanos de organizaciones internacionales que lleguen al país, y “prácticamente se están adelantando ya, a prohibir la observación electoral internacional, de organizaciones no gubernamentales como decir el Centro Carter”.
Con relación a la libertad de expresión dijo el representante del Estado que los señalamientos hechos no son contundentes que en el país hay una gran libertad de expresión y no es necesario hacer nada.
