INSS no necesita más parches

Entre esos problemas que requieren urgente atención están en las ramas de salud y enfermedad, pues el servicio que prestan las empresas médicas previsionales a los asegurados sigue “deficiente”.

Otro punto que enfocan es revisar la base salarial que se usa para deducir el aporte del trabajador, como la cuota patronal para la cobertura del riesgo laboral, así como universalizar el sistema de pensiones para que los trabajadores del sistema informal puedan contribuir y asegurar así un ingreso durante su vejez.

Báez y Ruiz defienden que lo necesario es una reforma integral, pues afirman que decidir cambios parciales no garantizará la sostenibilidad financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), a mediano y largo plazos, que al final es lo que se demanda.

ORTEGA FIRMÓ Y AHORA LANZA GRAN MENTIRA

Pero ambos concuerdan en que en inicio “el Gobierno debe ser transparente con la información”, lo cual parte de dar a conocer públicamente el Informe Actuarial del INSS que presentó al Fondo Monetario Internacional (FMI) en diciembre del 2009, para que los distintos sectores conozcan la realidad de las finanzas y “aborden en una seria discusión si es o no necesaria la reforma”.

En ese sentido, Julio Francisco Báez afirma que el presidente Daniel Ortega lanzó un “discurso torcido” para seguir “engañando” a los nicaragüenses en que el paquete de reformas a la seguridad social es presión del Fondo, cuando fue el mismo Ortega quien asumió el compromiso en la Carta de Intenciones firmada en el 2007 y ratificada en el 2009.

Efectivamente en la Agenda Complementaria de la Carta de Intención firmada con el FMI en 2009 refiere al fortalecimiento del sistema de pensiones e indica que, una vez finalizado el estudio actuarial, la Comisión Interinstitucional (formada por el INSS, Banco Central y Ministerio de Hacienda) propondría antes de fin de 2009 “un conjunto de opciones para mejorar la posición financiera del sistema y corregir gradualmente su déficit actuarial”.

Indica además que “la propuesta técnica sobre opciones de reforma del sistema de pensiones y reducir el déficit actuarial que se derivarán de dicho estudio serán sujetas a una amplia consulta pública durante el transcurso de 2010, previa a su presentación a la Asamblea Nacional”.

Sin embargo, Báez afirma que “hasta hoy Nicaragua desconoce de tres años de negociaciones subterráneas entre el Fondo Monetario y el Gobierno. No existe transparencia hacia la población, empresa privada, Asamblea Nacional, trabajadores. Es la primer tarea del Gobierno hacer partícipe a la población de algo tan sensible”.

Julio Francisco Báez y Manuel Ruiz coinciden que durante 2010 y 2011 no puede aplicarse esta reforma, sino que debe aprovecharse para entrar a la discusión de la cual resulte “una propuesta de consenso”.

UN ERROR DE ENFOQUE

Báez afirma que es “un error” enfocar la reforma en los requisitos para jubilarse; pasar la edad de 60 a 65 años y de cotizar 750 a 1,500 semanas.

“Ésa es tal vez la expresión más visible y la que más puede manipularse políticamente, pero es caer en la trampa porque la seguridad social es pensiones, servicios de salud, riesgos profesionales y las inversiones del INSS. Es una integralidad que debe resolverse”, afirmó.

Báez advierte que las medidas que apuntan alargar la edad de retiro, las semanas de cotización o aumentar la cuota del trabajador y del empleador “hacen efectivamente obtener al Estado más ingresos, pero disminuye el gasto social porque paga pensiones más alargadas en el tiempo”.

SOLUCIÓN MENOS TRAUMÁTICA

Pero, dice, posiblemente la respuesta sea menos traumática si, por ejemplo, se revisa la base salarial en que se está calculando la cotización del 6.25 por ciento que el trabajador aporta al INSS.

El artículo 16 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social dice que el techo para deducir ese aporte es 37 mil 518 córdobas mensuales, “pero de ese umbral para arriba no paga nada, es una tremenda inequidad”, afirma.

“La conclusión final es que paga proporcionalmente mucho menos el que gana más (40, 50, 60 mil córdobas mensuales), pero el que gana 5 y 10 mil córdobas paga correctamente el 6.25 por ciento del total de su salario”, afirma.

Báez sostiene que si “se corrige este defecto del sistema y se vuelve equitativo el cálculo”, el INSS obtendría adicional 325 millones de córdobas anuales, una suma parecida a lo que espera con el incremento de 15 a 16 por ciento la cuota del aporte de los empleadores al Seguro Social.

Por su parte, Manuel Ruiz señala que debe debatirse si hay que ampliar la edad para jubilación, “a qué generación comenzará a aplicarse, discutiéndolo desde la expectativa de vida actual del nicaragüense, por sexo, etc., y sin afectar a quienes le quedan pocos años para pasar a jubilación”.

OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN

El INSS recibe 21.50 por ciento en aportes por afiliado. Los trabajadores entregan 6.25 por ciento y el Estado debería enterar 0.25 por ciento. El otro 15 por ciento lo aporta el empleador.

Existen 531 mil personas afiliadas activas. Por cada uno el Seguro paga a la previsional en promedio 309 córdobas por la atención en salud, enfermedad y maternidad, lo cual significa que paga 84 millones de córdobas anuales a las clínicas.

Pero existen 78,962 pensionados, de los cuales 47,620 son por vejez, los cuales en promedio reciben una pensión mensual de 2,448 córdobas.

Aquí Ruiz llama la atención que mientras la norma internacional dice que por cada 10 pensionados por vejez debe existir uno por invalidez, “en Nicaragua de cada 10 pensionado por vejez hay 3 por invalidez y, según las estadísticas del INSS, a diario se reciben diez solicitudes para jubilarse, de las cuales 6 son por invalidez”.

Es por eso que el experto recomienda se busque la razón de este índice tan alto de pensiones por invalidez, que saca al individuo de la fuerza laboral mucho antes de llegar a la jubilación por vejez.

¿QUIÉN SABE DE LAS INVERSIONES?

También Ruiz y Báez consideran debe revisarse las inversiones que hace el INSS con la plata de los asegurados, pues el Reglamento de Inversiones vigente del 2008 deja facultades exclusivas al presidente del INSS, Roberto López, para decidir con dos de sus subalternos el manejo de los recursos.

Para los expertos “puede ser sano que la plata la muevan para ganar utilidades”, pero no de la manera poco transparente porque, por ejemplo, los fondos que colocaron en la construcción de viviendas sociales “no se han rendido cuentas de si el INSS está ganando o no por tener el dinero colocado en ese programa”.

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