En su obsesión por reelegirse otra vez a pesar de que la Constitución se lo prohíbe expresamente, Daniel Ortega viene cometiendo una serie de atropellos políticos, legales y constitucionales.
Apenas tres días después de haberse instalado nuevamente en la Presidencia de Nicaragua —es decir, el 13 de enero de 2007—, Ortega anunció que promovería una reforma constitucional. Aunque no lo dijera con claridad, todo mundo entendió que la reforma sería para eliminar o modificar el Artículo 147 de la Constitución, el cual prohíbe la reelección en dos períodos consecutivos y para quien hubiera ejercido el cargo dos veces. Dos días después, el presidente orteguista de la Asamblea Nacional, René Núñez, declaró que un solo período presidencial es insuficiente y que su partido promovería la reforma constitucional para que Daniel Ortega pudiera reelegirse en el 2011.
El plan reeleccionista de Ortega siguió adelante con el quebrantamiento de la entonces mayoritaria oposición parlamentaria, mediante chantajes y sobornos de toda clase. Ortega quería por ese medio conseguir los 56 votos en la Asamblea Nacional, indispensables para reformar la Constitución. Pero fracasó en el intento y entonces decidió recurrir a artimañas judiciales, arbitrarias pero revestidas de falsa legalidad.
El 19 de octubre de 2009, seis magistrados del FSLN en la Corte Suprema de Justicia se arrogaron la representación de la Sala Constitucional y dictaron una falsa sentencia declarando inaplicable para Daniel Ortega, el Artículo 147 de la Constitución. Acto seguido los magistrados del Consejo Supremo Electoral, que son adictos a Daniel Ortega, acogieron la falsa resolución judicial y prácticamente dieron por aceptada la inconstitucional candidatura de Ortega para las elecciones del 2011.
El 9 de enero del año en curso, Daniel Ortega decidió mediante el “decretazo” administrativo que los magistrados judiciales y otros altos funcionarios que son elegidos por la Asamblea Nacional, deben continuar en sus cargos después de que se les venzan sus períodos, hasta que los diputados los reelijan o nombren a quienes los van a sustituir. Y el 7 de abril pasado, el presidente orteguista de la Asamblea Nacional “resucitó” una disposición constitucional transitoria extinguida hace más de veinte años, para sustentar el decreto de Ortega que prorroga los períodos de los magistrados electorales y judiciales, lo que legalmente sólo se puede hacer mediante reforma constitucional .
Pero Ortega es consciente de que a base de tan burdas artimañas su reelección sería absolutamente ilegítima. Por eso es que insiste en conseguir la reforma constitucional que le facilitaría, uno, legitimar su candidatura para la elección presidencial del próximo año; y dos, dividir o mantener dividida a la oposición para volver a ganar la elección con la regla del 35 por ciento que le dio Arnoldo Alemán, o mejor todavía, con una mayoría simple de votos en el caso de que la reforma constitucional anulara el umbral electoral.
Por eso mismo es que ahora se está diciendo que el 60 por ciento de los 92 miembros de la Asamblea Nacional no son 56 diputados, sino únicamente 55. Se asegura que el 60 por ciento de 92 equivale exactamente a 55.2, pero como en matemática, cuando las décimas son menos de 5 se redondea para abajo, entonces el 60 por ciento tiene que ser 55. Sin embargo, como lo explicara el diputado conservador Alejandro Bolaños en una entrevista con El Nuevo Diario, el domingo pasado, lo que representa 55 exactamente es el 59.7 por ciento de los 92 diputados, o sea menos del 60 por ciento que de manera taxativa exige la Constitución para aprobar la reforma constitucional y elegir a los magistrados y otros altos funcionarios del Estado.
Por supuesto que Daniel Ortega puede violar otra vez la Constitución e imponer que sean 55, y no 56, los diputados que representen el 60 por ciento necesario para aprobar la reforma constitucional. Pero quedaría en una peor situación de ilegalidad e ilegitimidad que en la que ya se encuentra con la falsa resolución judicial de los seis magistrados, el decretazo y la ridícula exhumación del artículo transitorio de la Constitución de 1987.
La verdad es que lo único que le puede dar legitimidad a Ortega es respetar la Constitución, no insistir en otra reelección, dejar que otro miembro de su partido sea el candidato presidencial en 2011 y dar garantías de que habrá elecciones libres y transparentes, con árbitros decentes que cuenten los votos y bajo observación electoral independiente nacional e internacional. No hay otro camino.
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