En las reformas a la Ley Creadora del Fondo de Mantenimiento Vial (Fomav), aprobadas en diciembre del año pasado, quedó establecido el cobro de 20 dólares como impuesto al transporte internacional que traslade carga por la red vial nacional, a partir de enero del 2010.
Sin embargo, este cobro no se está aplicando aún y el país ha dejado de percibir, en concepto de recaudación en cinco meses, un poco más de cinco millones de dólares.
La Asamblea Nacional avaló esta disposición con la finalidad de que se obtuvieran más recursos para financiar el mantenimiento de toda la red vial pavimentada del país, que es transitada por el transporte de carga internacional.
Según las proyecciones de ingresos del Fondo de Mantenimiento Vial (Fomav), anualmente se pretende recaudar más de 10.5 millones de dólares con este impuesto.
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- Julio Francisco Báez, especialista tributario, afirmó que en lo referente al cobro del timbre o impuesto especial, no se necesitaba de ningún reglamento para empezar a cobrarlo, desde el punto de vista jurídico.
La ley especifica cómo hacerlo y cuál es el destino de los recursos. Si bien es cierto a quien correspondería reglamentar la ley es al Presidente de la República, el reglamento es una adecuación administrativa, apuntó.
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El 50 por ciento de lo recaudado, aproximadamente 5.4 millones de dólares, será destinado al mantenimiento de la red vial pavimentada del país. El otro 50 por ciento pasará a las arcas del Tesoro Nacional.
ESTADO NEGLIGENTE
Para el especialista en temas tributarios, Julio Francisco Báez, la situación es “alarmante” porque se está dejando de percibir recursos muy importantes, considerando el enorme hueco que tiene el Presupuesto General de la República, por la falta de recursos económicos.
Báez dijo que esta situación es una negligencia total de las autoridades encargadas de velar por recaudar los impuestos del país, en este caso, tres actores: la Dirección General de Ingresos (DGI), Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y Dirección General de Aduanas (DGA).
“Semejante negligencia es alarmante. Es una indolencia administrativa que se debe investigarse para saber quiénes son los responsables. Todo apunta a que son las autoridades del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuestos y de Aduanas, las que deberán responder y dar la cara para explicar por qué se han tirado al cesto de la basura cinco millones 250 mil dólares que se debieron empezar a cobrar una vez publicada la reforma a la Ley 355”, señaló.
PENALIZADO
El especialista afirmó que este tipo de negligencia es penalizada y deberá ser la Contraloría General de la República (CGR) quien profundice en estas averiguaciones.
“Esa negligencia, incluso la misma Constitución Política ordena castigarla. Estamos hablando del 11 por ciento de nuestras recaudaciones que se especifican en las reformas tributarias. La magnitud de esta pérdida generará una crisis presupuestaria en materia de inversiones públicas, específicamente en materia de infraestructura vial que se impone como una máxima necesidad del país”, destacó.
SE JUSTIFICAN
Las reformas a la Ley 355 se aprobaron el 8 de diciembre pasado y se publicaron en La Gaceta Diario Oficial el 23 de diciembre.
El artículo 13 reformado especifica que en base al principio de reciprocidad, las unidades de transporte terrestre de carga de más de ocho toneladas de capacidad por eje, que ingresen por las fronteras y que se desplacen por la red vial nacional, deberán pagar un “Timbre de Derecho de Uso de Vía”, cuyo valor será el equivalente en moneda nacional a veinte dólares de los Estados Unidos de América.
Karen Molina, directora ejecutiva del Fomav, explicó que no se debe ver la situación como una pérdida, ya que se está trabajando en los mecanismos correspondientes de cobros.
Molina insistió en que se necesitaba de un reglamento que contenga las especificaciones de ley que permitan el cobro de este impuesto especial. “Lo referido a la parte del reglamento fue trabajado por el Fomav y presentado ante la DGI, corresponderá a ellos elaborar los mecanismos de cobro”, indicó.
Agregó que el retraso no obedece a negligencia, simplemente a un “proceso” que se tiene que cumplir para aplicar el cobro.
El presidente de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, Eliseo Núñez Hernández, dijo que solicitarán explicaciones a todas las instancias involucradas en este proceso. “El cobro del impuesto se aprobó para obtener recursos y dar mantenimiento a las vías, pero que no se esté cobrando es una soberana negligencia”, indicó.
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