Apesar de que la declaración de la Asamblea Nacional sobre el conflicto palestino-israelí no ha sido suficientemente balanceada, contrasta por su prudencia con la agresiva parcialidad del gobierno de Daniel Ortega, que suspendió las relaciones diplomáticas de Nicaragua con Israel y aumentó el tono de la retórica antijudía..
La declaración de la Asamblea Nacional respalda “el legítimo derecho que tiene el pueblo de Palestina a vivir en paz dentro de fronteras seguras, reconocidas internacionalmente y libre de actos bélicos. Que se respete su cultura y libre movilidad dentro del Estado, poniendo fin a los actos de violencia, cometidos en ese territorio”. Se trata de una demanda razonable. Sin embargo, para ser equilibrados y justos los diputados debieron reconocer que también el pueblo de Israel tiene derecho “a vivir en paz dentro de fronteras seguras, reconocidas internacionalmente y libre de actos bélicos”.
Está bien que los diputados se solidaricen con el pueblo palestino, “para que ocupe el lugar que le corresponde en la comunidad internacional de naciones y ejerza su derecho a la convivencia pacífica, para desarrollarse en medio de paz, justicia, bienestar y cooperación de parte de todos los pueblos del planeta”. Pero igual deben reconocer el derecho del pueblo de Israel a existir como Estado y vivir libre de amenazas externas. En realidad, de conformidad con el derecho internacional y los principios democráticos lo mejor que se debe hacer es no apoyar a un pueblo contra el otro, sino animar a ambas partes a que se toleren, a que entierren sus hachas de guerra y que acuerden por fin coexistir pacíficamente, cada pueblo en su respectivo territorio y Estado.
En este sentido es legítimo instar y presionar a Israel, para que ponga fin al bloqueo sobre la Franja de Gaza. Pero al mismo tiempo hay que instar y presionar a Hamás, la agrupación militar extremista que gobierna en esa parte de Palestina, para que deje de lanzar cohetes y otras armas mortíferas contra el territorio y la población civil de Israel.
Sobre la decisión del gobierno de Daniel Ortega, de “suspender” las relaciones diplomáticas de Nicaragua con Israel, entendidos en relaciones internacionales aseguran que esto es un disparate porque según ellos la figura de “suspensión” no existe en el derecho internacional. El mismo gobierno de Israel dijo no entender esa medida. En realidad, de acuerdo con el Derecho Internacional Público lo que se suspende es la misión diplomática en aquellos casos en que el agente no puede cumplirla por razones personales, o cuando en el país donde debe estar acreditado el agente diplomático hay una situación anómala (como por ejemplo una revolución o un golpe de Estado), o “cuando dificultades o discrepancias entre el Estado representado y el de residencia del diplomático llevan a una interrupción momentánea de las relaciones sin que signifique la ruptura”, según explica el enciclopedista jurídico internacional Guillermo Cabanellas. Y agrega el reconocido maestro de Derecho que: “como efecto de la suspensión, al desaparecer la situación que la originó, el funcionario reanuda sus funciones, sin necesidad de nueva credencial”.
Se deduce entonces que para que haya suspensión de la misión diplomática, tiene que haber un agente diplomático acreditado en el país, ya sea como embajador permanente o concurrente, o en calidad de encargado de negocios. En consecuencia, lo que se podría entender como suspensión de las relaciones diplomáticas del gobierno de Daniel Ortega con Israel, es su interrupción, y por lo tanto que ya no habrá embajador israelí concurrente en Nicaragua, al menos hasta que en el país vuelva a haber un gobierno democrático. Pero la verdad es que los enredos “diplomáticos” del gobierno de Daniel Ortega no lo entienden ni los funcionarios de su misma cancillería.
Cada quien tiene derecho de apoyar o adversar la causa del pueblo palestino o del Estado de Israel. Sin embargo, en un país como Nicaragua, tan polarizado por los pleitos y los odios políticos, es muy peligroso y dañino envenenar todavía más a la sociedad, tomando partido al lado de bandos extremistas y belicosos, de cualquier clase que sean. Como ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, en este conflicto “todas las partes implicadas deben actuar con sentido de responsabilidad y con cuidado, en respeto al derecho internacional”. Y los países ajenos al conflicto, mucho ayudarían guardando una prudente neutralidad y, en todo caso, pronunciándose con mesura y reconociendo los derechos de ambos pueblos, tanto de los palestinos como de los israelíes.
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