CORRESPONSAL/COSTA RICA
Los padres nicaragüenses de las ex siamesas, Yurelia y Fiorella Rocha Arias, sufrieron otro revés porque el Juzgado de la Niñez y Adolescencia ratificó la medida de que las menores permanezcan en un albergue, fuera de su casa.
El martes se realizó una audiencia judicial en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, la capital de Costa Rica, donde las partes de este proceso hicieron sus alegatos, pero un juez decidió que las menores deben permanecer en el albergue.
A este juzgado fueron citados los padres de las niñas, Elízabeth Arias y José Luis Rocha, el abogado de éstos José Araya y el Patronato Nacional de la Infancia (Pani), para definir si Yurelia y Fiorella siguen en el albergue Roble Alto, ubicado en la Provincia de Heredia o si regresan con sus padres.
El caso fue elevado a las instancias judiciales, luego que la semana pasada la Sala Constitucional rechazara un recurso de amparo presentado por la mamá de las niñas Elizabeth Arias, en el que solicitaba el retorno al hogar de las menores.
Según el abogado Araya, en la audiencia solicitaron al juez que las menores regresen a su vivienda ubicada al sur de San José, de donde fueron sacadas en el mes de abril porque supuestamente vivían en condiciones infrahumanas que les quebrantaba su salud.
Las niñas permanecen en el albergue Roble Alto, tras varios intentos de sus padres y el abogado de la familia para que ellas retornen a su vivienda.
“No compartimos bajo ninguna circunstancia que este proceso se esté dando de manera independiente, que ellas (las ex siamesas) estén en Roble Alto y los padres en el proceso de tratamiento con el Pani”, explicó Araya previo a la audiencia.
“Nosotros consideramos que no hay violencia doméstica (en el hogar), que no existe agresión hacia las menores y en virtud de que las causales que dieron origen en este proceso fueron subsanadas, consideramos que lo menos que podía hacerse es que este proceso se desarrolle de manera conjunta con las menores en la casa”, añadió.
La separación fue a finales de abril, de la casa ubicada en San Josecito de Alajuelita, al sur de San José.
El Pani ordenó separar a las niñas de sus padres, pues informes del Hospital Nacional de Niños señalan que las continuas complicaciones de salud de ellas se deben a las condiciones insalubres en las que allí vivían.
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