Las políticas que ha implementado el Gobierno del presidente Daniel Ortega en cuanto a la atención de la niñez y adolescencia no han sido las más acertadas.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en ocasión de celebrarse el Día Internacional del Niño, dio a conocer ayer un informe sobre las políticas gubernamentales para este sector de la población.
El informe indica que en el 2009 el Estado de Nicaragua no realizó acciones importantes para garantizar el interés superior de la niñez y más bien hubo retrocesos en el cumplimiento de los derechos humanos de los niños y las niñas.
El Cenidh menciona, por ejemplo, un bajo presupuesto asignado a salud y educación, ausencia de políticas públicas y el incremento de la violencia hacia la niñez y adolescencia. Contradictoriamente, a finales del año 2009 el Gobierno invirtió alrededor de 30 millones de córdobas en el alquiler de una pista de patinaje sin incluir el monto destinado para el pago de juegos mecánicos, que no fue especificado, entre otros gastos.
Lo anterior aparece reflejado en el informe anual del Cenidh, que dedicó un capítulo especial al tema de la niñez y la adolescencia. El mismo destaca que en esa jornada prevaleció el carácter clientelista como parte de la permanente campaña reeleccionista del presidente Ortega.
Adelayda Sánchez, funcionaria del Cenidh a quien le correspondió la preparación del informe anual sobre este tema, aclaró: “Nosotros reivindicamos el derecho a la recreación, pero hay que ser coherentes con la situación que estamos viviendo en este país”.
El informe refiere que, según la Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI) —de la cual es parte el organismo de derechos humanos—, “considera que el mayor problema para la realización de los derechos humanos de las niñas y los niños en Nicaragua es la falta de voluntad política de los tomadores de decisión, la poca asignación de recursos y la frágil institucionalidad del Estado”.
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Sánchez resaltó que, pese a que el discurso del Gobierno habla de la prioridad en la atención y la tutela de los derechos de la niñez y adolescencia, a la hora de aplicarlo ese sector resulta el más afectado, como ocurrió con los ajustes en el Presupuesto General de la República el año pasado, cuando la reducción más drástica fue para las instituciones vinculadas con los derechos básicos de la niñez y la adolescencia, en un 31.2 por ciento.
Por ejemplo, menciona el informe que al Ministerio de Educación (Mined) le redujeron 147.08 millones de córdobas, con lo que afectó la contratación de nuevos docentes, textos de enseñanza, mantenimiento de locales y de otros gastos de funcionamiento. Pero aún así, el Mined destinó mayores recursos financieros para el gasto burocrático central, lo que tuvo un impacto negativo en la asignación presupuestaria de los programas de educación básica y media que son esenciales para el desarrollo humano e intelectual de la población escolar.
El informe refleja que las limitaciones presupuestarias dificultan la ampliación de la capacidad instalada en las escuelas públicas. La falta de infraestructura obliga a las escuelas a aceptar más de 40 alumnos por aula, violando así lo establecido en la Ley General de Educación, que establece 35 alumnos, y obligando a éstos a recibir sus clases en condiciones de hacinamiento.
Un ejemplo de las inadecuadas condiciones para los estudiantes se vio expresado el año pasado con dos colegios, como son Instituto Camilo Zapata donde se cayó parte del techo y el del Colegio Jaime Torres Bodet, donde se presentó una plaga de ratas y pulgas, que llevó a las autoridades educativas a suspender las clases por dos semanas, dice el informe.
DESNUTRICIÓN Y VIOLENCIA
Para el Ministerio de Salud la reducción fue de 253.3 millones de córdobas, eliminando 54.1 millones para la compra de medicamentos, contratación de nuevas plazas, mantenimiento de locales y equipos, compra de ropa, productos de limpieza y otros gastos de funcionamiento de las unidades de salud.
Las reducciones se dieron más que todo en los hospitales Vélez Paiz, La Mascota y el Bertha Calderón, vinculados a atención a la niñez, señaló Sánchez. Resaltó que no hay estadísticas confiables que reflejen la situación de salud de la niñez y la adolescencia en el país.
No obstante, el informe hace mención de que el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, durante su visita a Nicaragua manifestó su preocupación porque según un estudio realizado por ese organismo, uno de cada cinco niños, niñas nicaragüenses padece de desnutrición crónica y aproximadamente un 12 por ciento de los recién nacidos presentan bajo peso, especialmente en los hogares más pobres.
Mientras, según datos oficiales de las Comisarías de la Mujer y la Niñez, el año pasado recibieron 7,039 denuncias de violencia contra los niños de 0 a 17 años y, aunque representa una disminución respecto al 2008 en el que conoció de 7,722 casos, se estima que la mitad de los niños nicaragüenses son violentados de alguna manera.
El Cenidh recibió varias denuncias de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, encontrando que en 18 casos existían irregularidades y de éstos en 7 casos no había ninguna acción penal, exponiendo a las víctimas frente a sus agresores en libertad.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 A ,1 A
