CORRESPONSAL/ RIVAS
Pedir a la Procuraduría General de la República (PGR) que le corrigiera una letra que estaba mal escrita en su nombre, en una carta de no objeción emitida el 3 de noviembre del 2008, con el número 3057, le costó caro al inversionista estadounidense John Hodges Howard Wayne.
Aunque primero el Estado había dicho que no tenía objeción y reconocía que la propiedad fue adquirida inicialmente mediante título de Reforma Agraria, luego le dieron al estadounidense una carta en donde se objetaba la solicitud de no objeción, lo que le imposibilita a seguir con su proyecto turístico en la zona de la playa Amarillo, en Tola.
En esa zona costera de Tola, departamento de Rivas, varios grupos reclaman como suyas 71 manzanas de tierra que aseguran les fueron dadas a través de títulos de reforma agraria. Varios de los propietarios incluso han vendido parte de esos lotes. Uno de los compradores fue el extranjero John Hodges Howard Wayne.
Sin embargo, la semana pasada la PGR llegó al lugar a decir que esa propiedad le pertenecía al Estado y en consecuencia nadie debía perturbar ese dominio.
CERO TRÁMITES
En la carta de no objeción, en vez de Howard aparecía Haward, por lo que el inversionista que construye un hotel dentro de un área de siete mil 50 metros cuadrados de la playa Amarillo, pidió a la PGR que le corrigiera el nombre.
Pero para su sorpresa, la misma institución que en el 2008 le dio el visto bueno en la no objeción, en vez de corregirle su nombre le dio una carta negativa donde piden “a los delegados de Catastro y Administración de Rentas que se abstengan de tramitar certificados catastrales en relación a la propiedad descrita”.
En la negativa que le dieron al extranjero Howard Wayne, se indica que el título agrario (emitido el 16 de enero de 1988) al que se hace mención en la carta de no objeción del 2008, no está inscrito, o sea que no existe. Pero extrañamente ambas cartas (tanto la de no objeción como la negativa) fueron emitidas y firmadas por el propio Procurador General de la República, Hernán Estrada.
El estadounidense, quien actualmente lleva una avanzada construcción de un hotel, se encuentra en riesgo de perder toda su inversión en Nicaragua si no tiene una respuesta inmediata del Gobierno, indicó Joaquín Céspedes, uno de los miembros del llamado movimiento de Amarillo, quien es uno de los que reclama parte de la propiedad costera.
La preocupación de tres inversionistas extranjeros Howard Wayne, Jerry Robert Thorton y Mark Michael Donally y de los nicaragüenses Ronaldo Toruño Espinoza, el ex militar César Trinidad Ibarra y miembros del movimiento de Amarillo, es la reiterada insistencia de la PGR de decir que la propiedad es del Estado “y todavía no nos dan una respuesta a todos los que por años hemos estado en posesión de la propiedad y el Gobierno del comandante Daniel nos prometió que esto se resolvería a favor de nosotros”, detalló Céspedes.
Según este poblador de Amarillo, el pasado 18 de febrero el procurador departamental Juan Bautista Betanco Meneses les llegó a decir en una reunión con los pescadores y pobladores de la zona, que Amarillo estaba “congelado” por órdenes del presidente Daniel Ortega y esto nos sorprendió, porque el Gobierno nos ha dicho que estas tierras son para los campesinos”.
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