Apenas hace un mes, el 24 de abril pasado, el asesor principal del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Miguel Savastano, elogiaba al gobierno de Daniel Ortega por sus “acertadas” políticas económicas y financieras. En una rueda de prensa del FMI durante su reunión anual de primavera, en Washington, Savastano dijo refiriéndose al programa con Nicaragua que “se están cumpliendo todas las metas”, y celebró que Ortega hubiera tomado las medidas apropiadas para “reducir la vulnerabilidad” de la economía nacional.
Por cierto que en esa misma rueda de prensa, el alto cargo del FMI eludió comentar las violentas agresiones contra la institucionalidad democrática, la seguridad jurídica y el clima de negocios en el país, que en esos mismos días perpetraban en Managua turbas de enmascarados partidarios del gobierno de Daniel Ortega, convocados, encabezados y azuzados por magistrados y ex magistrados del Poder Judicial. Cuando los periodistas preguntaron sobre las repercusiones en la economía de Nicaragua que podrían tener esos acontecimientos violentos provocados por el mismo Gobierno, Savastano expresó categóricamente que “el FMI no hace especulaciones de ese tipo”.
Sin embargo, dos semanas después de las alegres declaraciones de Savastano, el FMI suspendió la reunión para revisar el programa con Nicaragua, que debía realizarse el 5 de mayo corriente; suspensión que ha significado para el país la postergación del desembolso de un crédito por 18 millones de dólares, así como la detención de otro crédito posterior, también de 18 millones de dólares. Además, la misma suspensión impide también que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolse 42 millones y medio de dólares para apoyo presupuestario de este año a Nicaragua. De manera que la suspensión del programa del FMI tiene o tendrá un fuerte impacto negativo en la situación económica del país, la cual, salvo en lo que se relaciona con los turbios y florecientes negocios oficialistas alrededor del Alba y sus asociados, ya anda bastante mal y tiende inevitablemente a empeorar.
Ahora, el lunes de esta semana, el director gerente del FMI, Dominique Strauss-Khan, ha advertido que el hecho de que Nicaragua sea un país pobre no autoriza a sus gobernantes a hacer lo que quieran, ni a incumplir sus compromisos internacionales. Se refería el director del FMI a las medidas populistas, clientelistas y demagógicas que ha dispuesto el gobierno de Daniel Ortega, como la ley para favorecer a los morosos con las entidades microfinancieras del país, la cual está teniendo efectos desastrosos para el crédito agrícola; la confusa ley de beneficios al adulto mayor, que carece de sustentabilidad económica y presupuestaria; y sobre todo, el bono de 529 córdobas mensuales para unos 120 mil empleados públicos, el cual, por la forma en que será asignado rompe la institucionalidad financiera del país, según aseguran economistas independientes.
Pero a Daniel Ortega y quienes gobiernan con él no parece importarles la suspensión del programa con el FMI y la pérdida de los recursos externos que eso significa, como no les importó que el país perdiera la cooperación para cubrir el déficit presupuestario y de la Cuenta Reto del Milenio, por el descarado fraude electoral en los comicios municipales del 2008.
La verdad es que desde que asumió de nuevo la Presidencia de Nicaragua, Daniel Ortega dio a conocer su intención de romper con el FMI. El mismo presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, quien tiene la reputación de ser el funcionario económico más sensato del gobierno orteguista, inmediatamente después del cambio presidencial declaró a la revista Confidencial que “debemos alegrarnos de que el sandinismo plantee que podamos liberarnos de ese programa” (del FMI). Y agregó que “(En este momento) sí hay que tener un programa con el Fondo, pero no un clásico programa, sino uno que responda a la agenda nacional, o sea, responder a los trabajadores, porque para nadie es secreto que aquí hay un rezago en el salario de los trabajadores, para lograr que mejore la distribución de la riqueza a niveles superiores a los que hasta ahora hemos tenido”.
En resumen, lo que hay es una mezcla de fobia ideológica con populismo, clientelismo político, irresponsabilidad gubernamental e ilusión de que Hugo Chávez proporcionará todos los recursos que necesite el país. Y el efecto tóxico de esa mezcolanza no sólo es dañino sino que puede ser fatal para el país, para la economía nacional y para todo el pueblo nicaragüense. Pero a la larga también para el mismo régimen de Daniel Ortega. Ya lo veremos.
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