SAN JOSÉ/AFP
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anunció este miércoles que vetará un polémico aumento de salarios de más de 70% que los diputados aprobaron para sí mismos y que ha provocado un generalizado repudio en el país.
En una nota enviada a los jefes de bancadas de los partidos en el Congreso, Chinchilla afirmó que ha tomado la decisión de «vetar esta ley si llegara a ser para mi firma».
La mandataria había dicho antes que no se opondría al alza salarial, apoyada por 21 de 23 diputados de su partido, si era financiada con recortes en otros rubros, sin elevar el gasto público, pues el país encara un elevado déficit fiscal.
La iniciativa de subirse el sueldo en más de 70%, a unos 8.000 dólares al mes, ha consumido los esfuerzos de los nuevos diputados desde que ocuparon sus escaños el 1 de mayo, una semana antes de que asumiera Chinchilla.
Los analistas han advertido que si veta la ley, Chinchilla puede enemistarse con el Congreso apenas iniciado su mandato de cuatro años.
«El proyecto de ley, tal como fue aprobado, genera un efecto adicional secundario, incidiendo en las pensiones de los ex presidentes de la República», lo cual supone un «incremento presupuestario significativo», señaló Chinchilla.
Además, la ley supondría beneficios extraordinarios «para esta servidora una vez que concluya su gestión y asuma la condición de ex presidenta», lo que constituye una razón adicional para vetarla, añadió Chinchilla en su carta.
Por ley, las pensiones de los ex presidentes se fijan en el mismo monto que los salarios de los diputados.
El Ministerio de Trabajo determinó que los ajustes a las pensiones de siete ex presidentes costarían tres millones de dólares adicionales anuales.
En medio de protestas de la ciudadanía, han sido presentados 15 recursos de amparo contra el incremento ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
En tanto, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, lamentó que haya sido derogada en los años 80 una norma que establecía que las alzas de salario de los diputados regirían en la siguiente legislatura. En Costa Rica está prohibida la reelección de parlamentarios.
«Había una norma constitucional que decía que los aumentos de salarios de los diputados regirían para los que entraran en el siguiente periodo (…). Yo creo que fue desafortunado eliminar esa norma constitucional, porque era un sistema correcto», dijo Sobrado a periodistas este miércoles.
«No hay cosa más complicada, desde muchos puntos de vista, que decidir el propio salario. Por dicha yo no tengo que hacer eso, porque la Constitución dice que yo gano lo que ganan los magistrados de la Corte» Suprema, agregó el jefe del tribunal electoral, un poder autónomo del Estado.
El proyecto aprobado el lunes en primer debate en una votación 35 a 20 requiere, como toda ley en Costa Rica, ser aprobado en un segundo debate en el Congreso antes de ser enviada al presidente para su sanción.
Si es vetado, los diputados podrían insistir en su aprobación, pero requerirían 38 votos (de 57). Sin embargo, la iniciativa contó con 35 votos al aprobarse en primer debate, aunque antes era apoyada por 45 diputados.
